Aunque las autoridades de tránsito defienden que a los ciudadanos se les respeta el debido proceso con los comparendos por fotodetección, al punto que de los 18.700 que este año han solicitado audiencias, 11.753 fueron exonerados, varios concejales se mantienen en que el usuario está compelido a pagar.
Durante el debate adelantado ayer en el Concejo, el secretario de Movilidad, Omar Hoyos Agudelo, sostuvo que la tarea se está haciendo bien, y valoró que un agente de tránsito es quien valida hoy si hubo infracción antes de enviar la fotomulta por correo certificado, tarea que antes hacía un operador.
A modo de balance, Hoyos dijo que desde que el sistema se montó en abril de 2011, las cámaras han captado 5 millones 250.000 imágenes, de las cuales 979.000 son comparendos.
De los 479.838 que se impusieron en 2012, pagaron 189.131, mientras que de los 262.678 que van este año, ya lo hicieron 72.710 sancionados.
Pero una de las cifras que más sorprendió a los concejales es por qué a tantos sancionados de los que pidieron audiencia se les levanta la sanción (11.753). Hoyos lo subrayó como una muestra de atención al ciudadano, y expuso razones como exención por pico y placa, falsedad marcaria, hurto del vehículo, daño en los semáforos, no coincidencia de los datos del auto y emergencia médica.
Para respaldar su reclamo de que no se respeta el debido proceso, el concejal citante, Nicolás Duque Ossa, tuvo el testimonio del exrepresentante a la Cámara Benjamín Higuita, quien "tumbó" una fotomulta con una acción de tutela. "No hubo controversia ni debido proceso ni se me respetó la presunción de inocencia", dijo Higuita.
El abogado de la U. de Medellín Oscar Gómez Pineda aportó que esto no es igual a un proceso judicial, sino una imputación de responsabilidades a partir de la capacidad sancionatoria del Estado, y señaló que el medio tecnológico es un mecanismo válido para un trámite contravencional.
El personero, Rodrigo Ardila, recomendó que en los sitios de mayor tráfico, se temporicen los semáforos para que el conductor sepa de que tiempo dispone antes de cruzar.
Otro jurista, Andrés Úsuga, de la UPB, sostuvo que la figura del debido proceso no puede convertirse en una interpretación amañada de la administración pública. "En qué página está, en qué acuerdo, dónde lo encuentra el ciudadano", preguntó, y dijo que en el solo elemento de velocidad se aplica la "prueba imposible" con las cámaras y la calibración de quien sanciona, donde no se puede demostrar lo contrario.
Nicolás Duque Ossa expresó que la ciudadanía debe conocer las causales de inculpación y de exoneración, pero anotó que en el inconsciente colectivo existe la idea de que pelear con el Estado no paga.
El concejal cuestionó que el sistema "está montado de tal forma que obliga al ciudadano a pagar", porque si pasa el tiempo no cobran el 50 sino el 100%.
El corporado Roberto Cardona reconoció como positivo que sea un guarda quien hoy apruebe los comparendos, pero llamó la atención por el alto porcentaje de exonerados en las audiencias: un 62%.
Pero Duque Ossa concluyó que las experiencias de la gente afianzan la posición de que no hay debido proceso, pues principio rector del Código de Tránsito es la plena individualización, en tanto que la notificación que se manda a la residencia es para informar al propietario y que sirva de indicio a la autoridad de que iba manejando, pero no es certeza para dejar la carga de la prueba.
Y puntualizó que del recaudo, UNE lleva sumados 29.000 millones de pesos, el Municipio 15.000 millones y los privados 10.000 millones.
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