Por lo menos cuatro testigos que incriminaron a Sigifredo López, en el secuestro y asesinato de los 10 diputados del Valle del Cauca, mintieron y serán investigados por la Fiscalía General de la Nación por falso testimonio.
Así lo estableció el director seccional de fiscalías de Cali, Gilberto Guerrero, quien ayer reversó la medida de aseguramiento que le había sido impuesta al político vallecaucano, por el fiscal 38 de Derechos Humanos, Paulo César García. Este funcionario había sido removido del proceso, el 18 de julio.
Fue el mismo fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre el que dio a conocer la decisión de echar para atrás la detención, tras un pedido de celeridad para resolver la situación jurídica de Sigifredo López, después que se conociera, el 20 de junio pasado, que el cotejo de voz practicado por el FBI no era concluyente para afirmar que quien aparece en un video dando instrucciones de cómo secuestrar a los 10 funcionarios es el exdiputado.
“Verificamos todas las declaraciones y encontramos que las pruebas con base en las cuales se decretó la medida de aseguramiento no tuvieron sustento alguno (...) Por esa razón, de manera oficiosa, el fiscal Guerrero, que lleva el caso, decidió revocar de oficio la medida de aseguramiento y decretar la libertad inmediata e incondicional del exdiputado Sigifredo López”, dijo el Fiscal General.
Sin embargo, Montealegre aseguró que el político, que estuvo secuestrado seis años, seguirá vinculado a este proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, toma de rehenes, perfidia y rebelión.
“Dios ha hecho justicia. A todos los colombianos que siempre creyeron en mi inocencia, mi perenne gratitud”, fueron las primeras palabras de Sigifredo López al ser puesto en libertad lograda, segúnsu defensor, Alfredo Montenegro, “porque la Fiscalía no tenía otra alternativa que reversar la medida por las pruebas testimoniales y documentales que presentamos”.
Actuaciones de la Fiscalía
Pero detrás de las irregularidades de la Justicia en este proceso que enfrenta Sigifredo López, está la actuación del fiscal 38 Paulo César García, removido por el propio Montealegre, funcionario que en su momento fue denunciado por Montenegro, quien le pidió a las Naciones Unidas vigilar de manera especial el proceder de la Fiscalía, ante la “falta de garantías”.
El pasado 23 de junio, en entrevista con este diario (titulada: Sigifredo busca ayuda de la ONU) , Montenegro calificó los testimonios presentados por el ente acusador, entre ellos los de desmovilizados del Eln y de las Farc, como “mentirosos y altamente sospechosos”.
El jurista indicó que quienes rindieron los testimonios actuaron con el interés de recibir beneficios judiciales y que estaban determinados por Gustavo Muñoz, representante legal de la fundación Nueva Esperanza, que trabaja con desmovilizados de los grupos armados y quien se habría reunido en reiteradas ocasiones con el Fiscal 38 en Cali.
“Ese señor Gustavo Muñoz lo que hace es recibir a los reinsertados como un intermediario para que se reincorporaran a la sociedad. Nosotros nos preguntamos cómo hace el fiscal 38 de Cali para saber cuáles guerrilleros fueron detenidos que ya se han reincorporado, y que son los que tienen conocimiento de Sigifredo López”, dijo la defensa del exdiputado en la mencionada entrevista.
Sin embargo el señor Muñoz, el 21 de junio pasado, le aseguró a este diario que no podía ser “responsable de las declaraciones de unos guerrilleros que se reinsertan a la vida civil” y que nada tenía que ver en la investigación de López.
Los testimonios del proceso
En total, la defensa de Sigifredo López presentó al rededor de 11 testigos, que le terminaron dando la razón, al insistir que eran falsos los testimonios de alias “la Negra”, “Ever Fajardo” y “Salazar”, hombres que le dijeron a la Fiscalía que el político vallecaucano participó en el secuestro de los diputados, que gozaba de prebendas en los campamentos y que fue determinador del asesinato de sus compañeros.
También el fiscal Gilberto Guerrero avaló otra tesis de la defensa, al comprobar que los desmovilizados que dieron declaraciones apócrifas nunca hicieron parte de la estructura de las Farc que secuestró y asesinó a los 10 funcionarios.
“El del Eln ni siquiera fue de esa guerrilla, es un delincuente común. Nosotros aportamos un testigo bastante fuerte donde se demostraba que él tenía una banda de delincuentes en Popayán que secuestraba a personas y los vendía al Eln y a las Farc”, reiteró el abogado Montenegro.
Se espera la decisión
“Mi detención jamás debió de cometerse, primero se debió investigar. Me devolvieron la libertad pero no la honra”, fueron otras de las palabras que pronunció Sigifredo López y a renglón seguido aprovechó para reprochar la manera cómo condujo el proceso el Fiscal 38 de Cali, aunque le agradeció al Fiscal General de la Nación por su libertad.
Pero el caso no está cerrado y un sector de la opinión pública, entre académicos, periodistas, políticos y allegados a López le siguen insistiendo a Eduardo Montealegre que cierre este capítulo calificado ya como bochornoso para la Justicia.
“Con esta decisión se confirma que la Fiscalía no tenía pruebas suficientes como para haberlo privado de la libertad. Aparentemente sí se está haciendo justicia con Sigifredo y salvo que la Fiscalía cuente con pruebas muy sólidas que confirmen su responsabilidad su retención fue manifiestamente injusta”, afirmó el jurista Rafael Nieto.
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