Por primera vez en la última década, el país se apresta a vivir unas elecciones en las que su principal riesgo lo constituyen los delitos electorales y no las acciones violentas de grupos armados ilegales.
Esa fue la principal conclusión a la que llegó el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) frente a los comicios de octubre, el cual fue entregado esta semana y que comentó su directora, Alejandra Barrios, quien asegura que en cuanto a los riesgos de violencia, el escenario político es diferente al de hace cuatro años.
Barrios es optimista sobre la depuración de candidatos ilegales en las planchas y destacó lo sucedido en Cambio Radical, partido que retiró a más de 300 aspirantes ya inscritos. Insiste en que son los partidos los únicos responsables de que dejen de actuar a los grupos ilegales.
La MOE mira con suma preocupación que en el país se esté dando una especie de impunidad frente a los delitos electorales, ya que desde 2002 a la fecha sólo se han ejecutoriado 26 sentencias de más de 6.000 denuncias al respecto, que tampoco considera muchas.
La analista comentó, región por región, cuáles son los riesgos y los actores que están actuando en contra del proceso electoral de octubre.
¿En Colombia se están o no combatiendo los delitos electorales?
"Lo que ha venido pasando no se compadece con la situación del país, no solamente en términos de la parapolítica, sino también en la trashumancia electoral y en todo lo relacionado con la financiación ilegal de candidatos. Toda esa criminalidad ha tenido muy pocas resoluciones de acusación y sólo 26 condenas. En lo que concierne a los ciudadanos, hubo 6.000 denuncias desde el 2002 hasta el 2008, lo que tampoco habla muy bien del compromiso que tenemos los ciudadanos de denunciar este tipo de delitos".
¿Se puede hablar de una impunidad electoral?
"Es uno de los temas que le estamos preguntando a la Fiscalía, porque nos preocupa muchísimo que ya la ley estableció la creación de la Unidad Especializada en Delitos Electorales, pero lamentablemente no va a estar funcionando para estas elecciones. Venimos desde 1998 con unos problemas muy serios de criminalidad electoral, que se incrementan en el 2002 con todo el tema de la parapolítica. Hoy, al cruzar los dos riesgos, tenemos más de 240 municipios en amenaza, tanto de fraude electoral como por violencia. Colombia no ha pensado seriamente en establecer esta unidad de delitos electorales y a esto se suma otro factor: que una vez la persona queda elegida, es difícil que con el poder que tienen en la región un alcalde o un gobernador, se haga un verdadero trabajo de investigación. Se unen temas de poder y de ilegalidad muy fuertes en financiaciones ilícitas y de un ejercicio muy rudo de la política".
¿Cómo están funcionando esas alianzas entre políticos y grupos ilegales?
"No son las mismas alianzas que hemos visto en los procesos electorales del pasado, sin embargo nos preocupan muchísimo. Por eso creo que las autoridades deben revisar muy bien, por ejemplo, la situación de La Guajira, sus candidatos. También creo que deben mirar con cuidado a los candidatos en Arauca, a candidatos en el Valle, de municipios como de Buenaventura o del centro del departamento. Una de esas posibles crisis que se dan por la alianza entre ilegalidad y política, es lo que está pasando en el partido Cambio Radical, allá hay un pulso muy duro entre sectores que están tratando de que este partido viva de manera transparente el proceso electoral, con aquellos que están decididos a mantener estas alianzas con las ilegalidades regionales, de manera específica en la región Caribe".
¿Qué otros partidos le preocupan a la MOE en relación con estos riesgos?
"Hay que mirar con mucho cuidado el tema de Afrovides, hay que mirar sus listas, lo mismo que las del PIN y las del MIO. Esas son, y lo sabemos desde el año pasado, las listas que hay que revisar muy minuciosamente. Hay algunas candidaturas que preocupan del Partido Liberal, al igual que del Partido Conservador en Sucre. Confío en que los partidos tomen las correcciones necesarias para mostrar cuáles son sus candidatos que están en problemas".
¿Cuáles son los actores violentos que están generando riesgo para las elecciones?
"Estas elecciones no se pueden leer como las del año pasado, en las que el principal problema era la parapolítica. Aquí hay que buscar unos nuevos hilos conductores. Si estamos viendo la región del Pacífico y arrancamos desde Putumayo, entramos al Valle del Cauca, la zona de Buenaventura, el Calima, Alto del Naya y Chocó, indiscutiblemente ahí encontramos, no sólo anomalías electorales, sino también la presión de los armados por el control de esa frontera. Por primera vez nos aparece toda la frontera de Venezuela, arrancando desde Arauca hasta Uribia (La Guajira). En El Catatumbo hay cinco ejércitos disputándose ese poder local, además de un tráfico de gasolina y todo lo que significan las diferentes mafias no sólo del narcotráfico, también la de las armas. Esta disputa se une a la que hay en la franja que viene desde el mismo Catatumbo hasta el Nudo de Paramillo; allí vemos un intento muy fuerte de controlar ese sector, hay una zona que se disputan por las armas y muy seguramente eso se verá en el terreno de lo político".
¿En dónde está la presión de la guerrilla sobre la democracia?
"En toda la zona del suroriente colombiano, precisamente en la zona de consolidación del Ejército, que es en donde hay un esfuerzo armado mucho más fuerte y creemos que es en donde pueden intervenir las Farc, como lo han hecho tradicionalmente, con paros armados y ataques a la población civil. La Corporación Nuevo Arco Iris señala con preocupación que ve la posibilidad de que también intenten apostar en el terreno de la política en los departamentos de Vichada y Vaupés".
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