Las fuertes críticas a la ley antiinmigrante de Arizona (E.U.) lograron un triunfo, aunque no total, luego de que la jueza federal estadounidense Susan Bolton ordenara ayer el bloqueo de partes clave de la ley, que entró hoy en vigor.
La anulación de varias secciones de la ley, entre ellas la que obliga a los policías a comprobar el estatus migratorio de quienes hayan detenido por otras razones, baja la carga para quienes quieren boicotear la primera jornada de la ley en vigor.
Ésta, la ley más polémica de los últimos tiempos en E.U. pero que tiene la aprobación de cerca del 57 por ciento de los estadounidenses, es criticada por gran parte de los inmigrantes del país, sobre todo los ilegales, que superan los 12 millones, y de los cuales unos 460.000 viven en Arizona, debido a que la medida criminaliza la ilegalidad en ese estado.
Francisco Pacheco, de la organización Red Nacional de Jornaleros, le contó a este diario que "en Arizona muchos van a salir sin papeles, en un desafío a la Policía para que les pidan los documentos, "y van a filmar a la migra (Policía migratoria) para ver cómo actúa". Además, explica, ya muchos negocios y eventos se han dejado de hacer desde que comenzó la polémica.
Hoy, agrega Pacheco, miles de críticos asistirán a un concierto frente a la cárcel, en Phoenix, y a misas y vigilias en apoyo a la comunidad inmigrante. "Estamos visitando barrios, orientando a la gente, regando la voz", continúa el mexicano.
Se viene la apelación
Ayer, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, reaccionó al bloqueo y aseguró que revisará cada elemento para recurrir a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.
Y es que puntos polémicos como que los inmigrantes estén obligados a portar sus documentos en todo momento y el hecho de que sea ilegal que los indocumentados soliciten trabajo en lugares públicos, quedaron congelados hasta que las siete demandas que tiene la ley, incluida la del gobierno del presidente Barack Obama, tengan resolución en los juzgados.
El analista en política migratoria, Marc Rosenblum, explica que hasta ayer la ilegalidad era una ofensa administrativa y civil para el país y ahora es un caso penal. "Antes solo los deportaban, ahora tendrán en su hoja de vida un proceso judicial", explica el experto, quien asegura que las críticas a la ley, las demandas y el bloqueo, generan presión para que el Gobierno promulgue una reforma migratoria.
Sobre el apoyo de los estadounidenses a la ley, Rosenblum comenta que por lo menos 12 estados más han pensado en recurrir a políticas similares contra la ilegalidad, entre ellos Misisipi y Carolina del Sur.
A pesar de la sorpresiva decisión de la Corte Federal de Distrito en Arizona, la ley ya entró en vigor. Eso sí, además de la tranquilidad de los inmigrantes, gobiernos como el mexicano expresaron su alegría. La canciller mexicana, Patricia Espinosa, manifestó que "es un primer paso en la dirección correcta".
A pesar de estas palabras, quedó la tensión en el ambiente luego de que la gobernadora Brewer anunciara la pronta apelación y de que el sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, asegurara que su oficina continuará las redadas contra indocumentados. "Nada ha cambiado en nuestra lucha contra la inmigración ilegal", enfatizó Arapio.
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