En la mañana de este jueves comenzaron simultáneamente en Bogotá y Cali, las diligencias para resolver la situación jurídica de 28 personas; entre las que se encuentran familiares y presuntos testaferros de los capos del cartel de Cali extraditados, Gilberto y Miguel Rodríguez.
Fue en los Juzgados de Paloquemao, en centro de Bogotá, y durante la audiencia de imputación de cargos, donde Jaime, Humberto y María Alejandra, hijos de Gilberto Rodríguez Orejuela, se declararon inocentes del delito de lavado de activos. Seis personas más, capturadas en la misma operación, a quienes la Fiscalía imputó el delito de testaferrato tampoco aceptaron cargos.
Cuando se cumplían cerca de cuatro horas de audiencia, el juez 14 de control de garantías les preguntó a los hijos de Gilberto Rodríguez si aceptaban los cargos y sus respuestas fueron contundentes: “no”.
De los 28 detenidos, 17 fueron llevados por agentes de la Dijin al búnker de la Fiscalía en Bogotá señalados de facilitar el ocultamiento de bienes adquiridos por los Rodríguez Orejuela, supuestamente, con dinero producto del narcotráfico y comenzaron a rendir indagatoria ante fiscales de la unidad de lavado de activos. Este mismo proceso se realizó en Cali, donde a una de los capturadas se le otorgó la detención domiciliaria.
Testigo clave
Durante cada una de estas diligencias se conoció la importancia del testimonio entregado a la Fiscalía por Gustavo Hernán Romy Verges, un ex contador de los hermanos Rodríguez Orejuela, en septiembre de 2008. El hombre le reveló a las autoridades cómo los hijos de Rodríguez habrían diseñado un testaferrato para ocultar más de 140 bienes adquiridos con dinero producto del narcotráfico.
Esas propiedades fueron incautadas en las últimas horas por las autoridades y de acuerdo con la Fiscalía, no fueron reportadas dentro del acuerdo entre la familia Rodríguez y los Estados Unidos.
En días pasados, Romy entregó con anterioridad un CD y 20 cajas con documentos que soportan sus declaraciones y que constituye una de las principales pruebas en el proceso.
Defensa
Por su parte, Arturo Cerón, uno de los detenidos y quien es arquitecto de profesión, indicó que la Fiscalía maximizó el testimonio de Romy. De acuerdo con Cerón, ha sido amigo de los Rodríguez desde la niñez y en dos ocasiones ha sido involucrado en procesos penales. “Yo compré un lote en 1996 y desde ese momento han querido ensuciar mi nombre. Ellos simplemente eran mis clientes”, explicó su relación con los Rodríguez .
Por su parte, Jaime Humberto Cerón, uno de los seis abogados que han asumido la defensa de estos nueve procesados, indicó que “la imputación de la Fiscalía se deriva de un sólo testigo que no se ajusta a la realidad. Señor fiscal lo engañaron. No es el hecho de haber confirmado la existencia de los bienes sino que la investigación debía ir más a fondo”, dijo.
En el caso de Humberto Rodríguez, de 46 años y quien es ingeniero de la universidad Javeriana de Cali, manifestó que la base de datos entregada por Gustavo Romy fue diseñada por la familia antes de suscribir el acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en 2006.
“El señor Romy elaboró esa base de datos por sugerencia nuestra. Está contenía toda la información perteneciente del conglomerado de los Rodríguez y sus hijos”, indicó.
De acuerdo con Rodríguez, la información fue entregada a la fiscal Liliana Donando, fiscal de extinción de dominio en el año 2006 y, por eso, las prueba no son nuevas. “Esos archivos fueron hechos por nosotros. Eran más de 500 inmuebles que fueron entregados al Gobierno de Estados Unidos”, indicó Humberto al explicar que el acuerdo fue suscrito de forma individual y no se ha roto. “Llevamos 15 años peleando contra la justicia para que nos crean”, manifestó.
Por su parte, su hermano Jaime, quien fue gerente de la empresa Drogas La Rebaja hasta que la compañía fue incluida en la Lista Clinton, se declaró inocente y no aceptó el delito de lavado de activos.
Maria Alejandra Rodríguez, quien fue la gerente de todas las sociedades inmobiliarias de la familia Rodríguez, explicó trabajo por más de diez años con Gustavo Romy. “Él viajó a Estados Unidos a crear un contexto delictivo, porque hizo malos manejos de millones de pesos en pagos prediales”, indicó la mujer.
María, madre de tres hijos, dijo que es preocupante que la familia Rodríguez esté expuesta a que cualquier persona, por obtener beneficios, invente este tipo de historias.
La hija de Gilberto Rodríguez precisó que cuando se conocieron las declaraciones de Romy, solicitó a la Fiscalía que la entrevistará pero su petición no fue escuchada.
El juez 14 de control de garantías estudia si acepta proferir medida de aseguramiento contra los nueve detenidos como lo solicitó la Fiscalía al señalar que estas personas podrían interferir en las investigaciones.
