El asesinato de 17 personas en Ciudad Juárez eclipsó este jueves el inicio de la segunda mitad de mandato del presidente de México, Felipe Calderón, que en su informe de gestión apeló a la unidad política para enderezar el rumbo de un país vapuleado por la violencia, la corrupción y la crisis económica.
A la misma hora que las cadenas de televisión retransmitían el mensaje que el mandatario había dado por la mañana en un pomposo acto en Palacio Nacional, era difundida la noticia del asesinato múltiple en un centro de rehabilitación para drogadictos de Ciudad Juárez, en el norte del país.
Un grupo de hombres armados llegó al recinto y abrió fuego en uno de los pasillos del albergue, que acoge a más de 50 pacientes. Además de los fallecidos, las balas dejaron cinco heridos graves, que fueron atendidos por las ambulancias de la Cruz Roja llegadas al lugar con escolta de soldados y policías federales.
Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso (Estados Unidos), es la urbe más violenta de México con 1.600 asesinatos de los 6.000 cometidos el año pasado en todo el país. Desde enero las muertes suman más de 1.400 en esa localidad, a pesar del despliegue de 8.000 militares y policías federales.
Crimen en Morelia
Calderón, que ha convertido la lucha contra los carteles de droga en un puntal de su gestión, había hecho horas antes en el Palacio Nacional un llamado a una "gran alianza" política para "cambiar a fondo" el país, en un acto que traslució el divorcio entre el Ejecutivo y Legislativo, controlado por la oposición.
Por segundo año consecutivo, Calderón no pudo leer el informe en el Congreso, en cumplimento de una reforma legal aprobada en 2008, y tuvo que enviarlo la víspera por mediación de uno de sus ministros.
El crimen de Ciudad Juárez no fue el único suceso sangriento de la jornada, pues en Morelia, capital del estado occidental de Michoacán, un grupo de sicarios mató a tiros al subsecretario de Seguridad Pública estatal, José Manuel Revueltas, a dos de sus escoltas y a un civil.
Michoacán, estado del que es originario Calderón, es controlado por el grupo criminal La Familia Michoacana, enfrentado a Los Zetas, brazo armado del cartel del Golfo.
La infiltración del narcotráfico en la vida michoacana quedó patente en mayo pasado con la detención de una decena de alcaldes.
También con la orden de aprehensión dictada después contra un diputado electo acusado de tener nexos con La Familia y que es hermanastro del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que este jueves no acudió al Palacio Nacional como hicieron la mayoría de sus homólogos de los 32 estados del país.
Por razones parecidas eran detenidos este miércoles el secretario de Seguridad Pública, el delegado y el subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), en Quintana, Roo, en el sureste mexicano.
