Akio Morita -el fundador de la Sony- cuenta en su libro de memoria ("Made in Japan") que lo que más le impresionó cuando su empresa comenzó negocios en Estados Unidos fue la altísima litigiosidad que rige la vida de los negocios en norteamérica.
Si Morita hubiera conocido la Colombia actual probablemente se hubiera impresionado aún más.
Recientemente se han revelado cifras impactantes sobre el grado de litigiosidad que prevalece en nuestro país. O dicho más exactamente: el monto a que ascienden los pleitos que cursan contra el Estado colombiano.
A la fecha, el valor de las pretensiones judiciales que cursan contra el Estado colombiano (que obviamente no significa que todas ellas se vayan a fallar en contra de la administración) asciende a la pasmosa cifra de 653 billones de pesos. Lo que es algo así como el valor de cuatro presupuestos nacionales. Esto significa que si solo el 25% de estos pleitos se fallaran en contra del Estado, estas condenas equivaldrían al monto del presupuesto nacional de todo un año.
Algo similar está ocurriendo con los pleitos que cursan contra departamentos y municipios que entrañan pretensiones por 13,3 billones de pesos. Esta cifra no está muy lejos de lo que valen las participaciones de rentas nacionales hacia las entidades locales cada año. Con las cuales se financia la descentralización.
El Estado tiene, pues, que ajustar sus actuaciones de manera muy rigurosa a la ley para minimizar en lo posible estas desbordadas pretensiones.
Y, por supuesto, hay que repensar todos los estatutos legales que están atizando la desaforada jauría de acciones administrativas contra el Estado que se ha desatado. Y en cuyas aguas revueltas pescan a menudo no pocos avivatos.
Uno de los frentes donde mayores abusos se están presentando es el de las acciones denominadas "populares" en las que, detrás del halago de la recompensa de hasta del 15% de valor de la eventual condena que beneficia al demandante, se están dando incontables abusos.
La revisión del código contencioso administrativo cuyos trabajos ya lleva muy adelantados una comisión que se ha creado para el efecto, puede ser una buena ocasión para poner orden y sindéresis a este festival de litigiosidad que se ha desatado contra el fisco nacional.
En las jornadas de derecho administrativo que convocó esta semana la facultad de derecho de la universidad Javeriana se presentó un completo balance de cómo avanzan los trabajos preparatorios para la revisión que se hará próximamente a la normatividad de la justicia contenciosa administrativa del país.
El presidente de la Corte Constitucional informó, por ejemplo, en ponencia que ofreció durante estas jornadas, el siguiente dato que habla por sí solo del grado de conflictividad a que hemos llegado: la Corte Constitucional está recibiendo en promedio diariamente mil trescientas solicitudes de revisión de tutela. Una buena parte de las cuales son interpuestas contra actuaciones del Estado.
La reforma a la justicia es un tema inmenso que sigue pendiente en la agenda nacional. Y dentro de ella, la racionalización de las acciones contra el Estado, es una de las tareas más apremiantes.
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