La Constitución de 1991 -que hoy llega a sus veinte años-, fue considerada en su momento como un 'tratado de paz' y hay que decir que esta denominación, como otras de carácter simbólico que se le atribuyeron, efectivamente marcó un cambio sustancial en relación con el conflicto interno armado, que igualmente llega al medio siglo de duración.
Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se viabilizó por un conjunto de razones que vale la pena recordar: 1) unas violencias entrecruzadas, dentro de las cuales sobresalía por su extremada crueldad la que adelantaba el grupo de narcotraficantes conocido como el Cartel de Medellín, a través del grupo 'los extraditables' y que tenía como objetivo la eliminación de la extradición; 2) el movimiento de jóvenes universitarios conocido como la 'séptima papeleta', surgido a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán y que proponían una Asamblea Constituyente; 3) la necesidad de adecuar el Estado colombiano a los nuevos tiempos y dejar atrás el modelo de Estado Interventor-benefactor que se había construido a partir de la reforma constitucional de 1936; 4) el colapso del llamado socialismo real con el hundimiento de los regímenes de Europa Oriental y la terminación de la guerra fría; 5) la incapacidad institucional para dar respuestas en términos de adelantar reformas -fracaso de las propuestas de reforma constitucional de Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay y hundimiento de la reforma del gobierno Barco Vargas, incluidos allí los compromisos del Gobierno en las negociaciones con el M-19- lo cual había llevado al profesor Mario Latorre Rueda a hablar de una 'sociedad bloqueada'; 6) los procesos de paz exitosos con el M-19 y posteriormente con el EPL, el Quintín Lame y el PRT.
La Asamblea Nacional Constituyente elegida en diciembre de 1990, no hay duda, es la Constituyente con mayor participación que se ha elegido en la historia colombiana -en el siglo XX tuvimos las constituyentes de Rafael Reyes, de Ramón González Valencia, de Carlos E. Restrepo, de Laureano Gómez, de Rojas Pinilla-. Pero adicionalmente, la manera como se procesó y construyó el nuevo texto constitucional, fue producto de un ejercicio de negociación y de construcción de consensos entre las diversas fuerzas políticas allí representadas. A diferencia de otras constituciones de la historia colombiana, que habían sido una imposición política de la fuerza dominante en un momento dado, aquí se produjo un ejercicio democrático sin antecedentes en nuestra historia política y constitucional. Allí estaban tres bloques mayoritarios que van a estar representados en la presidencia tripartita, el Partido Liberal, liderado por Horacio Serpa; la Alianza Democrática M-19, por Antonio Navarro, y el Movimiento de Salvación Nacional, por Álvaro Gómez Hurtado, y adicionalmente el Partido Social Conservador, liderado por el expresidente Misael Pastrana; la Unión Patriótica, por el excanciller Alfredo Vásquez Carrizosa, y las minorías étnicas y religiosas.
Incluso, se hizo un esfuerzo por miembros de este cuerpo constituyente para lograr que la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar -que en ese momento agrupaba a las Farc, el ELN y el sector minoritario del EPL-, que en ese momento adelantaba conversaciones con el gobierno de César Gaviria en la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, aceptara participar en dichas deliberaciones, obviamente previos acuerdos políticos que llevaran a la dejación de las armas.
Pero hubo una posición intransigente de estos grupos que impidió que el proceso de elaborar la nueva carta política fuera el momento de terminación de esa larga confrontación violenta.
No hay duda que tienen razón quienes señalan que después de la Constitución de 1991 no existe ninguna justificación para continuar utilizando la violencia con pretensiones de lograr objetivos políticos. Uno de los grandes resultados de esta Constitución es que contribuyó a deslegitimizar cualquier uso de la violencia con motivaciones políticas.
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