¿Qué será, a fin de cuentas, lo que motiva al Gobierno colombiano -particularmente al Presidente de la República- a apoyar a Baltasar Garzón y asegurarle destino profesional?
En su propio país, Garzón deberá ser expulsado de la carrera judicial, pues ha sido inhabilitado por once años, en el primero de los tres procesos penales que tuvo que afrontar.
Hay que recordar que cuando el "juez estrella" vio ante sí el adverso panorama penal por sus extralimitaciones y protagonismo desbordado, el anterior Gobierno español le buscó destino afanosamente. Y encontró aceptación sumisa en el presidente Santos, que lo trajo no se sabe muy bien a qué.
Primero se nos dijo que iba a prestar asesoría para "ver cómo responder a los organismos internacionales que interroguen a Colombia sobre derechos humanos".
Luego se anunció que sería asesor de la OEA en nuestro país, para la Ley de Justicia y Paz. En esto poco se ha destacado, pues ni el mismo Ministro del Interior sabía, la semana pasada, que Garzón seguía prestando sus servicios. Dijo Vargas Lleras que ya Garzón "no estaba aquí".
Antier la Presidencia corrigió a Vargas Lleras y reportó la "buena nueva", al decir que no, que el superasesor no se había ido, y que seguía en sus labores, que quizá ni los mismos ministros conocen.
El insólito comunicado de la Presidencia, a más de desconcertante, llega a ser también desafiante al notificar que no sólo sigue considerando al juez condenado un "invaluable colaborador", sino que le ofrece estabilidad laboral, cosa que ya quisiéramos para miles de colombianos capacitados y éticamente intachables.
Parece que va a ser forzoso reiterar que dentro del espíritu vocacional de los jueces, hay valores que son sagrados: su apego a la ley y a las reglas del Estado de Derecho, o su integridad personal, como patrimonio ético frente al cual no se admiten claudicaciones.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de España, por unanimidad, ha probado que este juez vulneró la ley de su país, al violar una garantía procesal intocable en el ejercicio jurídico: la privacidad de las comunicaciones entre los abogados y sus defendidos.
Paralelamente, el mismo Tribunal lo cobijó con la prescripción para cerrar el proceso por cohecho, aunque precisando que si no hubiese sido por eso, las pruebas indicaban con certeza que se benefició con fondos de empresas privadas a cambio de resoluciones judiciales favorables a dichas empresas.
Y le queda otra causa pendiente por prevaricato, es decir, por haber adoptado decisiones contrarias a la ley, a sabiendas de su ilegalidad.
Al Gobierno colombiano nada de esto parece importarle. No sabemos si contagiado por la glorificación del juez, impulsada por la izquierda europea, o por pura frivolidad, el Presidente Santos nos dice que estas violaciones de la ley no son relevantes, ni siquiera desde el punto de vista moral.
No sabemos cómo van a hacer nuestros actuales gobernantes para reclamar respeto a la ley por parte de todos los demás mortales. O si es que definitivamente la ley, para ellos, es un instrumento flexible para aporrear a los adversarios y contradictores, a la vez que concepto relativo para sustraer el juicio ético frente a quienes la vulneran de manera flagrante.
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