Si en 2011 la economía nacional era jalonada por la minería por un auge histórico y para 2012 hubo desaceleración y no se cumplieron las metas oficiales, este año ya hay estancamiento de la actividad y podría cerrar en recesión.
Así lo advierte la directora del Sector de la Minería a Gran Escala (Sgme), Claudia Jiménez Jaramillo, quien se lamenta de que las altas cifras positivas de otros años ahora estén en terreno negativo.
Las inversiones mineras previstas de las empresas afiliadas al Sgme para los próximos 5 años totalizaban 29 billones de pesos en 2010: en tres años se han reducido en 42 por ciento las proyecciones, hasta los 16,7 billones.
Asimismo, según el Dane, las exportaciones mineras decrecieron 22,4 por ciento en el primer semestre del año hasta los 5.605 millones de dólares y el sector redujo su participación en el total de 22,9 a 19 por ciento (ver tabla).
"Se han dejado de producir 7,2 millones de toneladas por las que el Gobierno dejará de recibir 258.480 millones de pesos (regalías y rentas), por cuenta de huelgas, paros de operaciones y contigencias en empresas líderes en carbón, sin contar salarios y demás", comentó ayer Jiménez en entrevista con este diario.
Pero la inquietante situación de la que fuera la locomotora que a mejor ritmo marchó al inicio del gobierno Santos, también se explica por la caída radical de los precios internacionales de carbón, oro y níquel, lo que más vendemos al mundo después de crudo.
Esos menores ingresos para las grandes empresas mineras se reflejan en ajustar los costos de operación, reducción de potenciales inversiones y una caída del 15 por ciento del empleo a junio pasado, frente a igual semestre de 2012, cuando en muchas zonas del país es de las pocas fuentes de ocupación formal.
Pero la dirigente señala que la incertidumbre para el sector es mayor cuando hay señales contradictorias desde el Estado: se declara la locomotora minera en el discurso del gobierno, pero las autoridades locales no creen que lo sean.
Al tiempo, la Contraloría se opone a varias iniciativas de producción y exploración. En tanto, Indumil (Ministerio de Defensa) vende a precios muy altos los explosivos, sin las condiciones que requiere el sector y está prohibida la importación. Y sin contar que en el Congreso hay 14 proyectos legislativos que impactan el sector minero y 10 se convirtieron en leyes en la última legislatura 2012-2013.
Frente a ese panorama adverso que señala Jiménez, concluye que "hay un estancamiento evidente de esta industria, llamamos al país para que no deje perder una oportunidad de desarrollo en la minería legal y responsable social y ambientalmente. El enemigo no es la minería formal", puntualiza.
Y el Gobierno debe atender el conflicto con los mineros artesanales e informales, combatir la extracción ilegal y está en deuda de difinir una política de mediano plazo que dé competitividad a un sector que, como dice Jiménez, "si no tiene un viraje rápido e importante, se avecina una recesión".
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