El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas se conmemora este martes por primera vez bajo el paraguas de la ONU, con un mensaje para las víctimas y sus familias de que no están solas en la lucha por obtener justicia.
"No están solos en su lucha", afirmó el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, el sudafricano Jeremy Sarkin, que destacó la importancia de seguir denunciando este "crimen atroz".
"Este día es particularmente importante, ya que el sistema de la ONU acoge como propio un día que se conmemora desde hace años en muchos países. Naciones Unidas le da un significado oficial y las víctimas ven reconocido de esta manera su sufrimiento", indicó.
En conversación telefónica, Sarkin manifestó que "queda mucho por hacer" para avanzar en este terreno, dado que sólo 28 estados han ratificado la Convención sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, en vigor desde diciembre pasado.
Esta convención fue adoptada por la ONU en 1982, pero hasta hace ocho meses no entró en vigor, teniendo hasta el momento un impacto escaso, dado que solo un puñado de estados la han incorporado a sus legislaciones nacionales, con pocas consecuencias por ahora.
El Grupo de Trabajo se creó en 1980 con el objetivo de ayudar a los familiares a averiguar el paradero de sus seres queridos y de ser un canal de comunicación con los gobiernos, y su competencia tiene el respaldo de Naciones Unidas hasta que cada caso particular de desaparición quede aclarado satisfactoriamente.
El equipo que dirige Sarkin colabora con el Comité sobre Desapariciones Forzadas, que es el organismo de expertos independientes que hace un seguimiento de la aplicación de la convención y que volverá a reunirse el próximo mes de noviembre.
Sarkin expresó su deseo de que los estados "cooperen plenamente con este Comité", constituido a raíz de la adopción de la convención internacional, y aseguró que este órgano "seguirá investigando a todos los estados, incluidos los que han ratificado" el texto.
Se considera desaparición forzada "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes de Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado".
Esto se agrava con "la negativa a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".
Añade la convención que "no podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la desaparición forzada" y que su práctica generalizada "constituye un crimen de lesa humanidad".
Además, obliga a los estados a "tomar las medidas apropiadas para investigar (...) las desapariciones que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables".
La convención reconoce el derecho de todas las personas afectadas por desapariciones forzadas a "conocer la verdad sobre las circunstancias de este crimen, así como la evolución y resultados de la investigación y el destino de la persona desaparecida".
E insta a los legisladores a definir la desaparición forzada como un delito criminal autónomo en la legislación nacional.
La inclusión de las desapariciones forzosas como un delito autónomo al margen de acciones similares como los secuestros, explicó el Grupo de Trabajo en un comunicado, ha demostrado ser eficaz a la hora de prevenir y erradicar este tipo de crimen.
Sin embargo, según las estimaciones de este grupo de investigación, las desapariciones forzadas siguen siendo utilizadas por algunos estados como "un instrumento para hacer frente a situaciones de conflicto o a situaciones de agitación social".
El Grupo de Trabajo llamó la atención sobre el incremento de las llamadas "desapariciones a corto plazo", en las que las víctimas son llevadas a centros secretos de detención, al margen de la ley, para ser puestas en libertad semanas o meses más tardes, en muchos casos después de haber sido torturadas o llevadas ante un juez.
"Esta práctica es muy preocupante, tanto si se utiliza para combatir el terrorismo o el crimen organizado o para suprimir las reclamaciones democráticas, y debería ser considerada como una desaparición forzada. Se debería investigar, perseguir y castigar", manifestaron fuentes de este organismo.
