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HISTÓRICO
La orden está, pero quién acaba la minería informal
  • La orden está, pero quién acaba la minería informal | Robinson Sáenz, Amagá | La mina San Fernando (en la imagen), ya reanudó operaciones, aunque no a plenitud. Un propósito de las autoridades es aplicar la legislación minera y fortalecer la actividad con un perfil empresarial. Hay programas de capacitación a quienes viven de la actividad en la Cuenca del Sinifaná.
    La orden está, pero quién acaba la minería informal | Robinson Sáenz, Amagá | La mina San Fernando (en la imagen), ya reanudó operaciones, aunque no a plenitud. Un propósito de las autoridades es aplicar la legislación minera y fortalecer la actividad con un perfil empresarial. Hay programas de capacitación a quienes viven de la actividad en la Cuenca del Sinifaná.
León J. Saldarriaga L. | Publicado el 12 de junio de 2011

El furor comercial de este pueblo de 30.000 habitantes no sería posible sino fuera por el dinamismo que le imprime la pequeña minería, que representa el 90 por ciento de esta actividad, pero hoy enfrentada a un imperativo del gobierno nacional de acabar con la informalidad.

Ese mandato, justificado en la seguridad de la población minera y en la formalización del sector, es tan válido como la notificación del personero municipal de Amagá, Julio César Sánchez, de que "desde un escritorio es muy fácil decir: cierren las minas ilegales, pero otra cosa es ver aquí a la gente sufriendo".

Por más voluntad que se tenga, admite que al Municipio le queda imposible asumir todo el control, pues "ha ocurrido que cuando se dan cuenta que van a hacer los cierres, los trabajadores se meten al socavón con varios miembros de sus familias para presionar a la autoridad a que no lo haga".

Y pretender que la tragedia que hace un año apagó la vida de 73 hombres en un túnel de la mina San Fernando marcara un cambio radical en la actividad, también es una ilusión, pues según la alcaldesa, Auxilio del Socorro Zapata, el Municipio continúa con mucho dolor, casi en las mismas condiciones de extracción del carbón y con más exigencias del Ministerio y de la Secretaría de Minas.

De las tareas de seguimiento a la minería informal, revela que este año se ha ejecutado el cierre de unas 20 minas por no cumplir con la normatividad no tener título registrado ni estar en trámite, de manera especial en los sectores de Minas y La Ferrería.

"Es por la protección de sus vidas", dice la Alcaldesa, y destaca sobre todo el control con el trabajo de los menores de edad.

Aunque hubo una fuerte reacción a aquellas acciones, señala que se están capacitando en normatividad, pero el problema es que el 60 por ciento de la población subsiste en forma directa o indirecta de la explotación minera y cualquier decisión impacta a toda la comunidad.

Por eso el personero Hernández tiene claro que la minería informal es "un mal necesario", porque es el único medio de sustento familiar de la población.

De su vivencia, aprecia que desde lo local es imposible solucionar la informalidad porque la política en materia de carbón no es clara, pues exige a las autoridades municipales un estricto control, mientras que desde los niveles departamental y nacional no se prestan los apoyos requeridos, no sólo para cumplir los cierres, sino para atender la problemática social que se desprende.

"¿Entonces qué se ponen a hacer 100 personas de una mina que se cierra?", se pregunta.

Parte de la respuesta la puede aportar Rubén Darío Gómez, vocero de la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná (Asomicsi), quien reprocha que por instrucciones del Ministerio de Minas, se "tiraron a la basura" los procesos de legalización que se habían iniciado para el reconocimiento de la minería informal.

"Los frenaron a través de una resolución", dice, al considerar que están ganando tiempo para que la minería informal no se legalice y entregarle todos los recursos a trasnacionales, con lo que se busca una integración de áreas para que una empresa de grandes proporciones pague las indemnizaciones y asuma todo el control en una región.

"Así la pequeña minería estaría siendo aniquilada de la región", denuncia.

La advertencia de Gómez es que una explotación industrial a gran escala no ocupa la mano de obra que sí genera la pequeña minería, que dinamiza la economía local.

El líder ve paradójico que el Ministerio mande a los alcaldes a que realicen los cierres y, de un momento a otro, se conviertan en enemigos de quienes los han conocido siempre.

"Aquí son más de 150 minas informales y cada una tiene un promedio de 20 trabajadores, cómo hace un alcalde para dejarlos en la calle", reclama.

Y cómo impedir que la informalidad prevalezca, ante la demanda del mineral y la cadena económica que genera.

Gómez pone como ejemplo que una mina informal pequeña tiene una producción promedio de 300 toneladas al mes.

En las empresas de Medellín el valor aproximado por tonelada es de 135.000 pesos. Un solo viaje en volqueta moviliza unas 12 toneladas, por el que se pagan 17.000 pesos de flete por cada una, 30.000 pesos al conductor, 7.000 pesos de báscula y 50.000 por cargar el automotor.

Y en un solo sector como La Ferrería, la producción la estima en 5.150 toneladas de carbón al mes.

El ejemplo lo llena de razones para sostener que en caso de un cierre masivo de minas informales, "todo el mercado quiebra" porque son más de 3.000 trabajadores y sus familias que dependen del mineral extraído de las entrañas de Amagá.