Al cumplirse seis años del gobierno Uribe es necesario hacer un balance del mismo y en especial de su política pública que ha sido la bandera del mismo, la de seguridad y defensa. No hay duda de que fue su énfasis en este problema el que llevó a los colombianos a elegir de manera abrumadora al presidente Uribe y también a su reelección. Pero si bien esta política presenta grandes realizaciones, igualmente genera incertidumbres y tiene zonas definitivamente negativas.
El principal aporte del gobierno Uribe fue continuar con el fortalecimiento y modernización de la Fuerza Pública que había iniciado el gobierno de Pastrana a través del Plan Colombia, llenando así un déficit histórico que existía en cuanto al tamaño de la Fuerza Pública en relación con el territorio y los problemas de seguridad; adicionalmente, desarrolló una estrategia militar que inicialmente se centró en mejorar el control del territorio -empezando por recobrar la presencia policial y militar en todas las cabeceras municipales-, el control de las vías principales, el fortalecimiento de la movilidad, capacidad de combate de las tropas, el uso cada vez más eficaz de la aviación y la inteligencia -técnica y humana, especialmente desarrollando redes de informantes- y un apoyo político claro a la acción de la Fuerza Pública y apoyo de la sociedad en aumento. En un segundo momento se inició una fase ofensiva -por medio del Plan Patriota-, especialmente contra las Farc, que ha producido grandes golpes a esta guerrilla tanto en mandos medios como en su cúpula de dirigentes, así como un repliegue a zonas selváticas de esta guerrilla. Actualmente está en marcha un tercer momento, el Plan Consolidación, cuyos resultados todavía están por verse.
Por lo anterior la dinámica del conflicto armado ha cambiado sustancialmente a favor del Estado y sus Fuerzas Armadas a tal punto que hoy es impensable una posibilidad de triunfo de las fuerzas alzadas en armas contra el Estado. Los golpes recibidos por los grupos guerrilleros -especialmente las Farc- en los últimos tiempos lo evidencian.
Las guerrillas han tratado de acomodarse a la actual dinámica del conflicto con nuevas formas de operación militar -eludir el combate, actuar en pequeños grupos, acudir a los francotiradores para producir bajas o de manera creciente a los campos minados, lo cual igualmente plantea la necesidad de revisar los indicadores de la intensidad del conflicto-, pero en todo caso lo único que garantizan es una estrategia de resistencia, sin ninguna posibilidad de triunfo militar.
Sin embargo un campo de incertidumbre se deriva del triunfalismo que puede estar acompañando a sectores del gobierno y de la sociedad. Una cosa es que efectivamente las Farc hayan sido duramente golpeadas, pero eso no significa que estén al borde de su disolución o de su derrota militar. Hay que ser realista y cuidarse de triunfalismos inútiles. La salida política negociada sigue siendo la alternativa más racional.
Un lunar en la política de seguridad ha sido el componente de la lucha antinarcóticos, especialmente la persistencia en el combate a los cultivos de uso ilícito acudiendo a la erradicación forzosa vía la fumigación; los resultados en cuanto hace a área sembrada de coca, en relación con las que se reportan como 'erradicadas', muestra el resultado negativo de la política, más allá de si se trata de procesos de resiembra, o de nuevas áreas sembradas y antes no detectadas, o de una gran movilidad de estos cultivos; lo real es que el área de coca y el volumen de cocaína se mantienen o incrementan. El gobierno colombiano tiene toda la autoridad para plantearle seriamente a EE. UU. una revisión de la estrategia a partir de evaluaciones serias e imparciales; pero eso quizá es hacerse falsas ilusiones, como lo muestran las conclusiones de la reciente Cumbre de Cartagena.
* Profesor Universidad Nacional
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