Es un hecho cultural reconocido, de aplicación general: durante siglos, el acceso de las mujeres a la tierra ha estado fundado en su condición dentro del seno familiar. Si miramos las áreas rurales, las campesinas han sido usuarias antes que propietarias. En América Latina, por ejemplo, el limitado estatus jurídico de ellas ha marcado la discriminación.
En un acto audaz, la Mesa de conversaciones en La Habana publicó los borradores conjuntos de lo acordado. El primer punto, "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral", reitera (sin profundizar) su interés en la equidad de género en las políticas de desarrollo agrario.
¿Por qué pensar en las campesinas y en su relación con la tierra?
Las mujeres del campo merecen un trato privilegiado en la aplicación de los acuerdos por múltiples argumentos, entre ellos varios esenciales: son gravemente afectadas por el desempleo, son víctimas de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado y no tienen garantizado el derecho a la tierra.
La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) destaca un problema crítico dentro de un panorama general: "La reforma agraria o los programas de reasentamiento aplican el concepto de "cabeza de familia", en general un hombre, como base para la redistribución de la tierra. El resultado es que, en el marco de esas reformas y programas, el número de mujeres beneficiarias suele ser reducido".
El informe acerca de la política agraria y su impacto sobre los derechos de las mujeres, publicado en 2011 por la Comisión colombiana de juristas, observa asuntos de fondo en el caso nuestro: la política de tierras no reforma la estructura de tenencia de la tierra y desconoce los derechos de las mujeres; el Plan Nacional de Desarrollo no aplica las recomendaciones internacionales concernientes a los derechos de la población rural y de las mujeres, y el Plan estratégico del Ministerio de Agricultura carece de enfoque de género.
Vale rescatar que el primer punto del borrador enuncia dos cuestiones de vital interés para promover el acceso a la tierra: el subsidio integral y el crédito especial para la compra de tierras. La veeduría (con lupa) del trato a las beneficiarias será fundamental.
Rocío Pineda, magíster en Sociedad, género y políticas públicas, se muestra escéptica: "La Reforma rural integral deja por fuera a más de la mitad de la población rural, que son las mujeres. Las trata dentro de la población general, lo que quiere decir que seguirá la exclusión, la discriminación y tradicional división sexual del trabajo con todas las consecuencias en la estructuración de las desigualdades de género".
La intención del enfoque de género en el problema de la tenencia de la tierra es manifiesta en el primer punto del borrador, pero todavía no son claros los escenarios de aplicación. A través de su implementación se develará la complejidad de este marco de compromiso político, mediado por un gran factor impulsador… o demoledor: la interpretación de los acuerdos.
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