La mala disposición de los cadáveres y de los restos óseos en los cementerios está estropeando las labores de identificación de miles de víctimas.
Los casos más recientes ocurrieron en Granada, Antioquia. Luego de una dispendiosa labor de identificación de dos NN, las autoridades viajaron hasta el cementerio para exhumarlos y entregárselos a las familias pero ya no los encontraron. Habían sido sacados de las bóvedas (sin permiso judicial) para arrojarlos a osarios comunes, donde generalmente van a parar los restos de los NN después de cuatro años de enterrados. Se necesitaba el espacio.
Héctor Eduardo Moreno, coordinador en Antioquia de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, advierte que el manejo de los restos es crítico: "En los cementerios municipales está ocurriendo que sacan los restos de las bóvedas y los tiran a fosas comunes. Allí hay prácticamente una doble desaparición de la víctima", dice.
"En esos casos nos toca recurrir a la memoria del sepulturero para que nos diga dónde puso los restos. Esa labor es titánica pues si la memoria es buena igualmente debe volver el equipo de especialistas forenses y garantizar que toda la documentación de esa persona coincide con los rasgos que presenta el cadáver", explica Mercedes Palacio, coordinadora del Grupo de Identificación de Personas del CTI en Medellín.
Además de que no hay consideración con la dignidad del NN, pues sus bóvedas son las más húmedas, ruinosas y deterioradas, tampoco hay conciencia de que se trata de la única evidencia de un homicidio.
Las autoridades judiciales ya le han pedido a la Gobernación de Antioquia que haga un llamado a las 125 alcaldías para que cumplan el protocolo de manejo de los restos de NN.
La ley es para todos
Si bien la administración de los cementerios es una obligación estatal, por tradición las alcaldías delegan su manejo a las parroquias o a empresas privadas.
Por eso la Gobernación ya se comprometió a programar capacitaciones para sepultureros, párrocos y funcionarios públicos en algunos municipios, para que comprendan la importancia de custodiar debidamente los restos óseos de las víctimas del conflicto.
Quien ha venido jalonando estos talleres es el Observatorio de Paz de Oriente, motivado por las conclusiones de su más reciente investigación.
Durante siete meses un equipo rastreó cementerios, parroquias, notarías, registradurías, hospitales e inspecciones de policía y se encontró con que sólo en los 23 municipios del Oriente hay 2.539 víctimas del conflicto NN sepultadas en los cementerios. Sin contar los NN que fallecieron en accidentes de tránsito, por enfermedad o fetos.
En localidades como Granada, San Luis o Sonsón, los datos son azarosos con cifras de 338, 231 y 204 NN respectivamente. En ninguno de los camposantos visitados se cumplen las normas que estipula la ley para la correcta disposición de los restos de estas víctimas.
La normatividad más reciente está en la Ley 589 de 2000 (que tipifica el delito de desaparición forzada) y su decreto reglamentario 4218 de 2005 que obliga a los administradores de los cementerios a garantizar la conservación de estos restos.
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