La liberación de secuestrados será siempre una buena noticia. Cualquier persona de buena voluntad saluda con alivio que aquellos privados de su libertad violentamente, cuya dignidad ha sido atropellada, sean finalmente liberados y vuelvan al seno de sus familias y de la sociedad. Celebramos, entonces, el anuncio de la liberación de cinco secuestrados, según comunicado dirigido por las Farc a la exsenadora Piedad Córdoba.
Sin embargo, no pueden pretender las Farc un agradecimiento, y menos cuando las liberaciones son a cuentagotas. No hay gratitud con el agresor cuando cesa en sus actos criminales contra sus víctimas inermes. La libertad de estos secuestrados, sin condiciones, al igual que la de todos los seres humanos, es un derecho por naturaleza, y no una concesión indulgente de quien ostenta una posición de fuerza ilegítima.
El anuncio de la liberación obtuvo pronta y acertada respuesta del Gobierno Nacional. Con rapidez de reflejos y de manera sucinta pero diáfana, el Presidente comunicó su disposición para lograr la liberación "a la mayor brevedad posible".
Las condiciones de seguridad requeridas deberán ser objeto de acuerdo con los facilitadores que sean designados para ello, pero sin que esto implique cesiones referidas a zonas de despeje, ni repliegues de la Fuerza Pública que no sean los estrictamente necesarios para garantizar la operación.
Razón tiene el Gobierno en exigirle a la exsenadora Córdoba absoluta y total discreción. Ella deberá vencer la tentación de convertir este acto en un show mediático con fines de legitimación política, tanto para el grupo guerrillero como para la exparlamentaria, máxime que en esta ocasión tendrá que obrar como ciudadana particular. Es de esperar, pues, que ahora sí observe la prudencia que no la ha caracterizado en anteriores actuaciones.
Por otra parte, no es coherente el hecho de anunciar liberaciones como un "acto de desagravio" ante una supuesta arbitrariedad en un proceso disciplinario contra la exsenadora, cuando ello debería ser un gesto de paz. Pero la coherencia no es precisamente virtud destacada de las Farc.
Resulta inverosímil leer en el citado comunicado la invocación a principios y valores constitucionales, incluso una reivindicación de la legalidad procesal, cuando ese grupo guerrillero expresamente ha desconocido la Constitución Política vigente y las demás leyes de la República que, como les es propio, vulneran en todas sus actuaciones.
¿Dónde está la coherencia al condenar a funcionarios "que huyen hacia el exterior intentando burlar la acción de la justicia"? Querríamos estar seguros de que este comunicado fue redactado en las montañas de Colombia, y no desde la comodidad de un refugio en país vecino o de quién sabe dónde, resguardados del llamado de la justicia colombiana.
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