Unas elecciones reñidas como, previsiblemente, serán las presidenciales del próximo noviembre, se decidirán en la capacidad de los candidatos para movilizar a sus votantes tradicionales, y también para disuadir a los votantes del rival de acudir a las urnas.
Cada campo emplea sus tácticas para lograrlo.
La campaña del presidente Barack Obama alerta a las clases medias blancas -un segmento que con las décadas se ha derechizado- de que una victoria del republicano Mitt Romney les castigará con subidas de impuestos, recortes sociales y deslocalizaciones industriales.
Pero quienes tienen más problemas para llevar a las urnas a sus votantes potenciales son los demócratas de Obama.
Los abstencionistas simpatizan con el Partido Demócrata. Unos 90 millones de ciudadanos con derecho a voto no lo ejercerán este año, 10 millones más que en 2008, según estimaciones recogidas por el diario USA Today.
Si votasen, Obama ganaría un 43 por ciento de votos y Romney entre un 14 y un 20 por ciento, según un sondeo de USA Today y la Universidad de Suffolk.
La mayoría de estos abstencionistas no votará. Pero existe una franja -sobre todo entre los jóvenes y las minorías: afroamericanos e hispanos- a los que Obama necesita movilizar, como en 2008.
Los demócratas y organizaciones de derechos civiles acusan a los republicanos de haber puesto en marcha una operación para poner trabas al ejercicio del derecho a voto de estas minorías.
¿Cómo? En el último año y medio, tras la victoria republicana en las elecciones legislativas y estatales de 2010, ocho estados han aprobado leyes que exigen un documento de identidad, con foto incluida, para votar. Otros -muchos de ellos estados clave en noviembre- están en proceso de adoptarlas.
Los republicanos argumentan que estas leyes son necesarias para combatir el fraude electoral. Antes de 2006, según un informe del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, “ningún estado exigía a los votantes una identificación expedida por el gobierno con fotografía en las urnas”.
Se exigían otro tipo de documentos, que podían ir desde un carné de estudiante a la tarjeta de la seguridad social -que no tiene foto- o un recibo de la luz.
Ahora, en los estados que han adoptado las leyes más estrictas, hay que presentar una identificación como el carné de conducir, que en EE. UU. es lo más parecido a un DNI, o un pasaporte.
Visto desde un país como España, donde existe el DNI y resulta inconcebible votar sin presentar una prueba estricta de identidad, las normas parecen lógicas.
Y, para muchos, en EE. UU., lo son. Si se requiere para subir a un avión o en muchos edificios de oficinas, ¿por qué no para votar?
Pero EE. UU. no es Europa.
Aquí, un país con una arraigada tradición de sospecha del poder central, no hay un DNI, percibido como un medio de control y una intromisión intolerable en la libertad individual. EE. UU. tiene una larga historia, desde la posguerra civil, de triquiñuelas para impedir que las minorías voten, desde el llamado impuesto del voto hasta exámenes de cultura general que en los años de la segregación debían superar los negros para votar.
Un 11 por ciento de personas con derecho a voto carece de documento de una identificación oficial como el carné de conducir, según datos citados por el Centro Brennan.
Son, en gran parte, pobres, miembros de las minorías, jóvenes: posibles votantes demócratas.
El mismo centro calcula que estas leyes “podrían plantear dificultades significativas para votar a más de cinco millones de votantes potenciales en 2012”.
La campaña también se juega en este terreno. Las normas del voto cuentan. Este es el país en el que el recuento de unos centenares de votos en Florida decidió el presidente en 2000.
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