Una grave polémica se encendió en el país desde que el gobierno expidió los decretos que reforman el sistema de salud. El nerviosismo se ha apoderado de la clase media, pues según lo expuesto por los medios y la opinión pública, será ésta la más afectada ante la implementación de tales decretos. Pese a ello, la mayoría de colombianos no entiende cómo funciona el sistema de salud; palabras como EPS, Régimen contributivo y subsidiado, o copagos, son conceptos que, aunque hacen parte de su cotidianidad, poco entienden. Las publicaciones que han surgido sobre la polémica reestructuración normativa, tampoco han favorecido una explicación clara sobre el tema.
No en vano la sensación que hay en el momento es que la clase media va a perder beneficios. Y, aunque en general la salud de los colombianos es la amenazada, estas reformas tocan especialmente a ciudadanos comunes y corrientes, poniéndole barreras a su atención médica y siendo un atentado contra su patrimonio familiar.
Se restringirá aún más el acceso a los especialistas y limitará más la atención y los servicios. El paciente difícilmente pasará el examen básico de medicina general. Para lograr una atención de mediana o alta complejidad, el "sí" dependerá de un proceso engorroso y de una evaluación que irá más allá de lo clínico. Lo que importará será la relación costo-beneficio. Ahora, el decreto 128 determina que aquellos servicios por fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS) tendrán que ser financiados por los pacientes. Éstos serán sometidos a la revisión de sus ingresos y patrimonio y, como si fuera poco, le sumarán también los ingresos de su familia para demostrar su capacidad de pago.
La fórmula diabólica incluye el uso de las cesantías y de las pensiones. Esto no es más que afectar la capacidad de ahorro a la que tienen derecho constitucionalmente los colombianos, para poder asegurarse con ello una opción de vivienda, educación y vejez dignas. Cuando el usuario reciba atención sobre un medicamento o cirugía, es probable que sea muy tarde, pues entre aprobaciones y trámites el proceso se habrá dilatado y la enfermedad agravado.
La medida está inmersa en dudas. Su aplicación dependerá de la claridad con la que resuelvan varios interrogantes. ¿Quién y cómo se medirá la capacidad de pago del paciente? ¿Cuáles serán los servicios a los que tendrán derecho los colombianos en el nuevo POS?
Otra confusión es que los colombianos creen que el espíritu de la nueva normatividad pretende limitar la acción de tutela, pese a las reiteradas aclaraciones que los responsables de la salud han dado frente al tema. Pero lo que hay que dejar en claro es que las tutelas no sólo son presentadas para que se dé el tratamiento médico que requiere el paciente, sino para que se realice oportunamente.
Lo más triste de todo esto es que la propia incertidumbre sobre la aplicación de estos decretos la creó el protagonista: el Ministro de la Protección Social, Diego Palacios.
Palacios aseguró inexplicablemente en un noticiero de televisión de Antioquia, que tenía que reconocer que podría haber redactado mejor los decretos, o que podría haber hecho mejor las cosas.
No puede uno entender semejante declaración, en la boca de la persona encargada de velar por la salud de los colombianos.
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