La Policía Nacional deberá presentar excusas a los familiares de Wilson Duarte Ramón, a quien varios miembros de esa institución torturaron durante dos días, para finalmente asesinarlo.
Así lo decidió la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver favorablemente el pleito judicial iniciado hace seis años (2003), luego de que Wilson Duarte fuera encontrado muerto en zona rural de Saravena, Arauca, con claros indicios de los traumatismos a los que fue sometido.
El caso
Era las 7:40 de la noche del 26 de marzo de 2002, cuando varios miembros de la Policía Nacional detuvieron a Wilson Duarte Ramón, Wilmer y Leonardo Buenahora Fuentes, quienes se movilizaban en motocicletas por las calles de Saravena, Arauca.
Sólo hasta las 8:00 de la noche los familiares se enteraron de la detención y al comunicarse con la estación de la Policía recibieron un parte de tranquilidad. “Se les informó que no se preocuparan por sus hijos, puesto que estaban allí en investigación de antecedentes”, señala la sentencia.
A pesar de ello, fue posible determinar que mientras estuvieron detenidos en la estación de Policía Wilson Duarte “fue sometido a torturas y tratos crueles e inhumanos, bajo el pretexto de que pertenecía a grupos al margen de la ley -y agrega- les agarraron los dedos con alicates e hicieron ruleta rusa en sus cabezas”.
Tiempo después Rocío y Sandra, familiares de Wilson, narraron que durante ese día lograron escuchar los gritos de Wilson “ya no más, ya no más, mamá, mamita”, por lo que fueron a reclamar por el paradero de sus familiares, ante lo cual les fue enseñado el libro de salida.
En la madrugada, cerca de la 1:30 de la mañana, Leonardo Buenahora Fuentes, uno de los detenidos y Wilson Duarte, fueron amordazados y embarcados en el baúl de un vehículo Mazda que fue escoltado por dos policías quienes condujeron las motos de los jóvenes torturados. Ya en el barrio Coovisa, Leonardo y Wilson huyeron del vehículo, el primero fue herido en el miembro inferior derecho y el segundo murió acribillado por los disparos de los uniformados.
Pero el fallo no se queda allí, otra de las órdenes impartidas está relacionada directamente con el Comando de Policía de Saravena (Arauca), en donde deberá diseñarse e implementarse un sistema de promoción y respeto por los derechos de las personas, mediante charlas en diversos barrios y centros educativos de dicha ciudad, el cual deberá ser reforzado con la entrega de material didáctico, en el que cada persona pueda conocer cuáles son sus derechos.
De la misma manera, el alto tribunal condenó a la Nación y a la institución al pago de cerca de 200 millones de pesos por los perjuicios causados a la familia de Duarte Ramón.
La parte resolutiva de la presente sentencia, será publicada, en un lugar visible, en el Comando de Policía Saravena, por el término de seis (6) meses, de tal forma que toda persona que visite dicha estación, tenga la posibilidad de acceder al contenido de la misma.
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