El Fiscal General de la Nación encargado, Guillermo Mendoza Diago, señaló este viernes, después de conocerse la noticia sobre la petición de asilo de la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, que "si los jueces de control de garantías le dictaran medida de aseguramiento o de detención preventiva, podría ser solicitada en extradición; no obstante, como Panamá está tramitando lo del asilo y en su soberanía puede concederlo, debemos respetar eso, por lo que no sabemos si un trámite de extradición pudiera resolverse".
Para Mendoza Diago "hay una serie de actuaciones que se han venido cumpliendo en los otros procesos (de las llamadas 'chuzadas') en los que estamos en etapa de juicio; lo que se refiere en el caso de María del Pilar Hurtado, este es un proceso de competencia del Fiscal General de la Nación que tiene un dinámica probatoria diferente y se ha llevado con toda la diligencia del caso; semana a semana han aparecido nuevas evidencias que han forzado a reformular todo lo que se ha hecho. Incluso, evidencia física que presentó uno de los testigos tuvo que ser examinada detalladamente; la semana pasada se dio un informativo completo de lo que había ahí; entonces, no podemos, para colmar las expectativas de la opinión pública, acelerar el proceso y darles una velocidad a los procesos si estos no están debidamente sustentados en la evidencia. La semana entrante nos proponemos tomar la primera decisión en ese sentido".
"Si le conceden asilo sería por condiciones políticas. La idea de la extradición es un poco complicada, pues la extradición no opera en delitos políticos, pero aquí son delitos comunes, como concierto para delinquir, contra la administración pública, y lo otro es que para adelantar un trámite es necesario que se haya impuesto una privación de la libertad o aseguramiento, mecanismos depuestos legalmente para estos efectos", continuó explicando el Fiscal (e).
"A la Fiscalía le preocupa que las personas no le den la cara a la justicia cuando los procesos que se están adelantando son legales, donde intervienen diferentes instancias y autoridades y se hace públicamente para que sea claro que no hay nada que signifique una persecución contra los procesados", puntualizó Mendoza Diago.