“Lo que nunca entendí, fue por qué el Gobierno no deportó a Pablo Escobar a Francia. Lo pudieron haber entregado a esa justicia y se hubieran ahorrado una gran cantidad de sangre en Colombia”.
Tomás Florentino Serrano Serrano acuña esta frase agitando el puño en el aire, como si sostuviera el martillo con el cual se llama al orden en las audiencias. “¿Cómo así? ¿Eso se podía sin tratado de extradición?”, le pregunto, sentado en su oficina del Palacio de Justicia de la ciudad.
“¡Pero claro! Y eso nadie lo comenta. Por medio del principio de competencia universal se pudo haber hecho”, argumenta el jurista, quien en su palmarés cuenta con un récord de vértigo: haber condenado al 70 por ciento del brazo armado del cartel de Medellín.
Nacido en Mongua, Boyacá, este abogado de cuerpo pesado y rasgos indígenas, cuyos pequeños ojos se ocultan bajo unas gafas de lentes demasiado gruesos para su cara, fue juez sin rostro en Antioquia de 1995 a 1999.
Eran los tiempos en que la Rama Judicial debía proteger la identidad de los suyos, pues comenzaban los juicios contra los criminales que habían puesto al Estado contra las cuerdas.
Por decisiones de Serrano, la cárcel albergó a los peores lugartenientes de Escobar: “Popeye”, “el Arete”, “el Mugre”, “Pájaro”, “Maxwell”, “Icopor”, “Misil”, “Terry”, “Comanche”, “Tomate”, “Risas”, “Serapio”, “Changón”, “Memóbolis”, “Juan Volador” y “Luisca”, entre otros.
Pese a que varios se sometieron a sentencia anticipada, a ninguno le dio beneficios penales por confesión. “Ellos se entregaron a la justicia para que el Estado los protegiera de los enemigos, pero no había un real acto de contrición”.
Por pensamientos como este, en Medellín comenzaron a llamarlo “el juez antimafia”.
- “¿Temía por su vida?”.
- “La presión era brava, no hacían falta amenazas, uno sabía con quién estaba tratando. Andaba en una camioneta blindada, pero nunca me hicieron atentados. Después aparecí en una lista, aunque esa era de los paramilitares”.
A los 57 años, Serrano continúa actuando con bajo perfil. Aceptó que se publicara su nombre en este reportaje, mas se negó a ser fotografiado, porque a pesar de que ya no existe el cartel, sigue dictando fallos contra “la Oficina”, “la Unión”, las “Convivir” y otras bandas del Valle de Aburrá.
El paranoico y su plata
Serrano dice que prefiere hablar a través de sus sentencias, y de la lectura de ellas se infiere que “el paranoico” era el adjetivo con el cual se refería a Pablo Escobar.
En contra del capo, el jurista emitió la primera extinción de dominio que hubo en Colombia, con radicado 089 del 15 de diciembre de 1999.
El expediente, por el cual el famoso edificio Mónaco de El Poblado pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes, revela detalles de cómo el narcotraficante administraba su patrimonio.
Resulta que el matrimonio conformado por Escobar y Victoria Henao, según el fallo, usó a su hija Manuela para ejecutar “una burda treta” y ocultar el origen ilícito de la edificación de 8 pisos, 12 apartamentos y 47 parqueaderos.
El negocio fue así: la pareja le vendió a Luz Estella Flórez de Henao esa propiedad el 29 de diciembre de 1987, y al otro día ella la revendió por $30’500.000 a Manuela Escobar Henao.
Lo insólito es que la niña tenía apenas tres años. “Fue groseramente utilizada”, redactó Serrano en su proclama.
A los seis años de edad, la pequeña figuraba declarando una renta patrimonial de 1.058 millones 223.000 pesos, aunque esta era apenas una de las “curiosidades” en las cuentas del grupo familiar.
Los días 1 y 7 de abril de 1986, la esposa del “Patrón” se “ganó” dos premios de azar: el primero, por la Lotería de Antioquia, fue de $6’274.800; el otro, de la Lotería de Cundinamarca, de $3’137.400. Un cuento que el juez no creyó.
“Para justificar los capitales mal habidos, los narcotraficantes acuden a las personas verdaderamente ganadoras de las loterías, se las compran y así aparecen registrados ante la beneficencia como virtuales ganadores”, sentenció.
Escarbando entre sus archivos, el juez acota que en aquellos días “había connivencia entre el narcotráfico y la sociedad, la gente quería ser amiga de los mafiosos”.
De acuerdo con su experiencia, “las grandes empresas del país eran patrocinadas por ese grupo. Escobar secuestraba a los familiares de los empresarios, y no era por una mera extorsión, sino como presión para que las empresas le devolvieran la plata que les había prestado”.
Una condena en Europa
En el mismo pronunciamiento del Mónaco, el boyacense le hizo “un homenaje a los primeros dos funcionarios públicos asesinados por orden de Escobar”.
En 1977 murieron abaleados los policías Gildardo Hernández Patiño y Fernando Vasco Urquijo. Según la investigación, el móvil fue la incautación, un año atrás, de 19,5 kilos de cocaína en Pasto, procedentes de Ecuador.
Los dueños de la mercancía eran Escobar y su primo Gustavo Gaviria, quienes en aquel momento eran llamados “los Benitines”. Los uniformados no solo les decomisaron el cargamento, sino que rechazaron el soborno.
Los dos narcos entregaron dinero y un arma de fuego a los sicarios “la Sota”, “Peltrucho” y “Puntilla”, con quienes celebraron después del doble homicidio en una taberna de Barrio Antioquia.
En el expediente, Serrano también hizo referencia a la condena en Francia. Explica que, cuando Escobar se entregó en 1991 para ser recluido en La Catedral, hizo esta confesión: “En 1987 fui contactado por Gustavo González Flórez, quien me pidió que le colaborara para el suministro de 400 y punta de kilos de cocaína, para ser enviados a Francia y al Medio Oriente”.
Por ese proceso, el Tribunal de Gran Instancia de Pointe Apitre, en Guadalupe (Francia), lo condenó como reo ausente a 20 años de prisión.
Es por esto que el veterano jurista no entiende por qué diablos el Gobierno Nacional no deportó al capo. En 1992 y 1993 hubo 11.407 homicidios tan solo en Medellín, muchos de los cuales se habrían evitado con esa decisión, al parecer de Serrano.
La máquina de la muerte
Uno de los personajes más siniestros que pasaron por el despacho del juez, fue John Jairo Velásquez Vásquez, alias “Popeye” o “el Amiguito”.
Lo condenó por los secuestros del político Andrés Pastrana y el congresista Federico Estrada Vélez, la muerte del procurador Carlos Mauro Hoyos y una treintena de asesinatos y raptos, así como hurtos y tráfico de armas (sentencia de radicado 766G-10.676 del 30 de octubre de 1997).
“Esbirro de Pablo Escobar”, “comerciante de vidas humanas” y “máquina de la muerte” eran los motes con los cuales se refería a Velásquez.
“En sus indagatorias, ‘Popeye’ siempre se preocupaba por demostrar que no era un sicópata, disque porque no guardaba prendas ni recuerdos de sus víctimas”, precisa el penalista.
Hasta los mismos terroristas eran presa del cartel, tal como le ocurrió a un integrante del grupo ETA, apodado “el Español”.
Consta en el proceso que después de la bomba en el edificio Mónaco (13/1/88), instalada por el cartel de Cali, los lugartenientes de Escobar secuestraron al terrorista europeo, quien se hallaba en la capital paisa adiestrando a varios delincuentes en el manejo de explosivos.
“El Español” fue torturado hasta la saciedad por “Popeye” y su gente, convencidos de que solo el extranjero sabría quién había detonado un artefacto de esa clase.
Otro atropello de la “carrera patológica y sanguinaria del tristemente célebre cartel de Medellín”, lo narró el jurista en el fallo contra Dairo Ángel Cardozo Metaute, alias “Comanche”, un cabecilla de la banda “los Priscos” (radicado 766G-10.676 de octubre 20 de 1997).
Allí se explica que, por el simple hecho de no haberle permitido la entrada al establecimiento a alias “Lucho” (un miembro del cartel) y su esposa, la organización decidió ponerle una bomba a la discoteca La Baviera, ubicada en la Variante a Las Palmas.
“Esperamos a que cerraran la discoteca, se colocó un tarro de galletas lleno de dinamita y se hizo explotar en la puerta principal”, contó “Comanche”.
Y en la carpeta de radicado 10.676-776C-E-H-99000430, se relata cómo Pablo Escobar llegó a dirigir los ataques de los sicarios con un megáfono.
Sucedió en la madrugada del 19/12/92, cuando unos 60 mercenarios arribaron a la casa del capitán Fernando Posada Hoyos, Jefe de Inteligencia policial en Medellín.
El “Patrón” los lideraba y por el amplificador de sonido dio las órdenes para volar la puerta con dinamita, acribillar al oficial y dos escoltas y secuestrar a la viuda.
Luego, “haciendo uso de un megáfono, se digirió a sus secuaces, agradeciéndoles los servicios prestados”, reseñó Serrano en el documento.
El juez concluye la entrevista con un silencio, reclinado en la silla del escritorio. “La máquina de la muerte...”, repite entre dientes, recordando la historia.
A “Popeye” le impuso una pena de 20 años a la sombra y, quizá por fruto de la casualidad, una multa que evoca la cifra que la Biblia le atribuye a Lucifer: 6’666.000 pesos.
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