El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo le respondió una carta a los padres de Luis Andrés Colmenares, en donde le pedían mayor celeridad al proceso que busca determinar cuáles fueron las causas que condujeron a la muerte de su hijo.
Una de las respuestas entregadas por el funcionario se refiere a la ropa del joven estudiante de la Universidad de Los Andes, debido a que la familia consideró que nunca se investigó qué había pasado con la ropa que portaba el día en que murió.
Perdomo aseguró que en su momento se emitió una orden de policía judicial para verificar en las instalaciones de la funeraria qué había pasado con la vestimenta.
"Se puso en conocimiento de la fiscal delegada la información que le fue suministrada por la funeraria a donde Luis Andrés Colmenares llegó con sus prendas de vestir, indicándose que habían sido desechada por el laboratorio de tanatopraxia al ser consideradas un residuo peligroso", respondió el vicefiscal.
Para la familia de Colmenares, la ropa podría ayudar al proceso por si se encontraban residuos de sangre de alguno de sus presuntos agresores que pudiera esclarecer lo sucedido.
No obstante, para la Fiscalía, al haber arrojado las prendas de vestir no se presentó ninguna irregularidad, ya que en el primer informe de necropsia la médica legista no consideró necesaria la realización de algún examen sobre las vestimentas y solo se dispuso la entrega del cadáver junto con la ropa.
"La funeraria al no tener evidencia sobre el eventual requerimiento de las prendas, pues nunca se le hizo saber tal situación, dispuso su desecho por tratarse de elementos peligrosos", explica Perdomo en su carta.
Por otra parte, el funcionario señala que sobre la falta de videos que hayan registrado los hechos que ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre de 2010 no se puede establecer alguna sospecha.
"No existe evidencia alguna que indique que los videos desaparecieron y que tal situación se presentó ante la actuación indebida de alguna persona", añade el vicefiscal
Por último, aclara que el ente acusador realizó doce requerimientos a diferentes establecimientos cercanos al lugar de los hechos, a los cuales se respondió negativamente al argumentar, en algunos casos, que la capacidad de archivo era solo de una semana.
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