Analistas, políticos y candidatos presidenciales sentaron opiniones frente a la decisión del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, de no acoger las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro.
“El Presidente Santos había dicho que acataría las decisiones de la CIDH e incumplió su palabra”, dijo el exgobernador Antonio Navarro Wolf, quien agregó que incluso “embolató el Gobierno la posibilidad de una oportuna decisión popular de revocatoria, que debía hacerse el pasado 2 de marzo, lo que hubiera sido lo más democrático”.
Así mismo, la candidata presidencial por el Polo Democrático, Clara López, expresó que la decisión de Santos es lamentable, porque “lo que hizo la CIDH fue solicitarle al Presidente que esperara mientras se tomaba una decisión de fondo”.
En ese sentido, el anuncio del Jefe de Estado, según López Obregón, “ha debilitado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Por otro lado, el representante a la Cámara por la Unidad Nacional, Alfonso Prada, manifestó que el Presidente es una persona que “actúa con firmeza, defiende la institucionalidad colombiana, los pronunciamientos de los jueces de la República y del Consejo de Estado”.
Navarro Wolf se mostró preocupado frente a la inhabilidad de Petro para ejercer cargos de elección popular, la cual asciende a 15 años como sanción impuesta por la Procuraduría, y dijo que “hay razones para pensar que hay una sanción desproporcionada”.
La candidata Clara López dijo que la salida de Petro tiene “mucho de político”, y agregó que “los bogotanos debemos decidir si queremos un modelo que continúe profundizando en la educación gratuita, el mínimo vital de agua para las clases populares, la inclusión social, la no discriminación y la defensa de lo público; o si vamos a caer, otra vez, en manos de los privatizadores de colegios, de la red hospitalaria y de la invasión de bolardos en la ciudad”.
Para Camilo Fajardo, profesor de Ciencia política del Politécnico Grancolombiano, no existe una penalidad o castigo que pueda repercutir negativamente en el país al no acatar las medidas cautelares de la CIDH en el caso Petro.
Sugirió también que las medidas “se imponen para la defensa de derechos fundamentales y cuando no hay garantías del derecho interno, lo que ha generado un debate entre los juristas donde algunos afirman que debían obligatoriamente cumplirse porque en muchos otros casos Colombia las ha obedecido y no había diferencia entre la defensa de derechos humanos y políticos”.
El líder del partido de La U, Sergio Diaz-Granados, también se pronunció y argumentó que el Presidente tomó la decisión que le correspondía: “el tomó un juramento el 7 de agosto cuando de posesionó y tiene que cumplirlo, que son nuestra constitución y nuestras leyes”.
En el caso de las medidas cautelares, que según el directivo político son recomendaciones, Santos “tenía que salvaguardar la integridad de la rama judicial colombiana. No le queda otra alternativa que ejecutar las decisiones judiciales y en este caso dar continuidad al proceso de normalización de Bogotá”.
Así mismo, el candidato a la Presidencia del Centro Democrático expresó que “Es lo correcto y es lo que habíamos pedido”. A su vez, Marta Lucía Ramírez, candidata del Partido Conservador, aplaudió la decisión del primer Mandatario y no dudó en afirmar que con esta medida “gana la ciudad”.
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