La educación superior en Colombia está organizada como servicio público por la Ley 30 de 1992 y cumple sus objetivos a través de las instituciones técnicas profesionales, las universitarias o escuelas tecnológicas y las universidades. Las primeras están facultadas para ofrecer formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo; las segundas adelantan programas de formación en ocupaciones, en profesiones o disciplinas y en especializaciones. Las universidades se dedican con un criterio más universal a la investigación científica o tecnológica, a la preparación académica en profesiones o disciplinas y a la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.
Las 32 universidades públicas que existen en nuestro país viven hoy un faltante de más de 150.000 millones de pesos, por causa de un pasivo acumulado y por medidas gubernamentales y decisiones judiciales que desequilibran sus presupuestos como son: descuentos para sufragantes, aportes al sistema de seguridad social en pensiones, régimen salarial docente y pago a docentes ocasionales y ampliación de cobertura en un 55%; todo lo cual originó un pronunciamiento de la Junta Directiva del Sistema Universitario Estatal -SUE-, solicitando al alto gobierno asignar en el presupuesto para el 2010 el incremento del IPC más 8,8%.
La respuesta del gobierno y del Congreso fue aprobarles la suma de 160.000 millones compartidos con el Icetex y Colciencias, correspondiéndoles a las universidades públicas 60.000 millones con destinación exclusiva a la ampliación de cobertura, olvidando el incremento en los gastos de funcionamiento indispensables para poder cumplir su misión.
Con sobrada razón los estamentos universitarios protestan argumentando una presunta privatización, ya que el déficit habrá que conjurarlo muy seguramente con la venta de algunos de sus activos, el aumento de las matrículas, de las inscripciones y demás derechos que deben pagar los estudiantes, por lo general jóvenes de estratos 1, 2,3.
Y, si por las que tienen el carácter de universidades llueve, por las instituciones técnicas y tecnológicas del orden regional y local no escampa, ya que la Ley no les asignó ningún aporte ni posibilidades de acceder a las partidas para educación previstas en el presupuesto nacional, por lo que su subsistencia depende única y exclusivamente de los escasos recursos que le entregan los entes territoriales y de sus propios ingresos.
En Antioquia tenemos varios ejemplos de la falta de apoyo del gobierno nacional por razones legales hacia instituciones técnicas y tecnológicas; uno es el caso del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid que, siendo protagonista de la formación integral de más de 30.000 egresados que hoy hacen empresa y contribuyen al desarrollo del país, ha tenido que sostenerse por más de cuatro décadas con los exiguos recursos entregados por la gobernación, atravesando por grandes penurias financieras que le han originado en diferentes épocas altibajos en su gobernabilidad.
Hoy se habla de un déficit de ingenieros, técnicos y tecnólogos y de otras profesiones para los grandes megaproyectos que se desarrollan o se van a ejecutar en los próximos años en el país, por lo que esta clase de instituciones técnicas y tecnológicas deben contar con todo el apoyo presupuestal del Estado y con el acompañamiento efectivo y permanente del sector productivo, para que logren ingresar a la modernidad y disponer de los elementos suficientes para la investigación, la innovación y la tecnología, sin menospreciar las humanidades, la cultura y el arte.
En la era de las grandes transformaciones, de la sociedad del conocimiento y de la educación como medio para derrotar la pobreza, se impone al Estado y a las instituciones de educación superior la necesidad de replantear su papel, ajustar sus compromisos e incrementar su capacidad de respuesta a los desafíos que demanda la época, la sociedad y el desarrollo de los pueblos.
Cabe señalar que el próximo 9 de diciembre asumirá el nuevo rector del Politécnico JIC, con grandes compromisos como: la defensa del carácter público de la institución universitaria, la recuperación de la gobernabilidad, la ampliación de cobertura a nivel subregional, la apertura de nuevas oportunidades en un mundo globalizado, la búsqueda de soluciones creativas al complejo problema de financiación, el mejoramiento del clima organizacional con la recuperación de la confianza entre estudiantes, docentes, trabajadores y directivos, la cual pasa por el trabajo en equipo y la participación, entendida como la facilitación para la consecución de las metas bajo parámetros de transparencia y de ética.
Deseamos al elegido muchos éxitos en su misión y requerimos del Consejo Directivo más acompañamiento y gestión ante los órganos del Estado, gremios y estamentos que representan para obtener apoyos que permitan potenciar tan benemérita institución, patrimonio y orgullo de todos los antioqueños.
