Aunque organizaciones ambientales informaron ayer que el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se otorgó licencia ambiental al proyecto Túnel Aburrá- Oriente, la Gerencia de Concesiones de la Gobernación señaló que está en firme porque Cornare interpuso los recursos correspondientes ante el Consejo de Estado.
En consideración del ente departamental no hay un fallo definitivo en la materia. El del Tribunal, en primera instancia, es de febrero pasado.
Las organizaciones ambientales señalaron que al estudiar la licencia encontraron que faltaba el diagnóstico ambiental de alternativas como lo exige la Ley 99 de 1993 y que el estudio de impacto ambiental no se ciñó a los términos de referencia de Cornare.
En opinión de los ambientalistas, además de vulnerarse el derecho a un ambiente sano, la obra aumentaría el riesgo de que la comunidad acceda al agua, por la construcción de los túneles.
Citaron un aparte del fallo: "el drenaje de los acuíferos salados del basamento rocoso a través de las zonas de falla y posteriormente a través del túnel mismo, podría generar un impacto negativo sobre la calidad del agua de las quebradas Salazar (Sajonia) y Santa Elena... ".
El gerente de Concesiones, Rodrigo Caicedo, dijo que Integral hizo los estudios con los que se respaldó la solicitud de de la licencia, cumpliendo los requisitos y respetando derechos de la comunidad.
Advirtió que del tiempo en que se tramitó (2002) a esta fecha "han pasado muchas cosas positivas. En este momento la percepción que tiene Integral es que la gente pide que se haga el túnel".
Caicedo afirmó que es una decisión política de la Gobernación realizar la obra y que se seguirán todos los canales de respeto a las comunidades y a la protección del medio ambiente.
Las corporaciones Penca de Sábila y La Ceiba citaron hoy a los medios de comunicación a una rueda de prensa en la que explicarán los argumentos de la demanda contra la licencia ambiental.
La Gerencia de Concesiones, entre tanto, señala que el proyecto sigue ajustado al cronograma y a la ley y que se avanza para ponerlo en marcha en el actual mandato de Luis Alfredo Ramos.
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