La situación es compleja. Miles de usuarios sin servicio, hospitales con los saldos en rojo, servicios de urgencias infartados... La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa) habla de un "inminente colapso de los servicios de salud".
El jueves pasado, los recientes escándalos del sector salud parecieron confluir en una protesta que hermanó a usuarios y hospitales. Los pacientes están sintiendo los graves efectos de un sistema con multimillonarios recobros irregulares, manejado por unas EPS que aparentemente se pusieron de acuerdo para negar servicios y con la más grande entidad prestadora intervenida por malos manejos.
Con el desbarajuste del sistema salió a la luz pública la profunda crisis que cobija a la mayor parte de los hospitales del país. Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), informó que las EPS y el Gobierno les deben 3,7 billones de pesos a los 126 hospitales que representa su organización.
Giraldo afirma que, "sin ser temerarios", la deuda al total de hospitales del país triplicaría esa suma. El gremio coincide en pedirle al Gobierno que reconozca la crisis. Para el director de la Achc, ellos no están actuando como el pastorcito mentiroso. "El lobo ya está aquí", afirma.
Críticas al Gobierno
Luis Alberto Martínez, presidente de Aesa, desmintió la versión del ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, según la cual su despacho estaría inyectando recursos directamente a los hospitales.
"Él (Santamaría) desconoce que hay un problema, y con desconocerlo no lo soluciona. Él plantea que se nos está girando directamente desde abril y eso no es cierto. Se le está girando a las EPS", complementa.
El gremio hospitalario señaló al Estado como el factor común presente en los actores más morosos. "Una tercera parte, inclusive más, de las grandes deudas están concentradas en entidades que de una u otra forma dependen del Estado", afirma Giraldo Valencia.
Caprecom, Nueva EPS, el Fosyga y las gobernaciones aparecen encabezando la lista de los que más deben. Las entidades intervenidas, bajo el control de la Superintendencia de salud, son también las que presentan más problemas en sus pagos. Ya los dirigentes actuales de Saludcoop anunciaron que retardarán sus pagos.
"Hemos hecho más de cinco reuniones con el superintendente nacional de salud. Otro tanto con el ministerio y las respuestas han sido muy tenues, muy débiles. Sinceramente los vemos muy enredados", dice Luis Alberto Martínez.
Cartera vencida
Toda esta situación "es una locura" para Alexandra Zapata, directora del Hospital de Itagüí. Cansada de lidiar con proveedores y deudores, está convencida de que "el tema no son los hospitales, esto va más allá. Hay que establecer unos mecanismos de presión hacia el asegurador (EPS), hacia el que tiene realmente el dinero. Que se pellizquen, que se despierten desde allá. Nosotros ya no podemos hacer más", recalca.
"La cartera se está envejeciendo. Tenemos entidades con pagos a 180, 360 días, lo cual ha convertido al sector privado (hospitalario) casi que en entidades financieras. Estamos haciendo la intermediación. Estamos prestando dinero en los bancos para financiar el pago demorado", aseguró el vocero de los hospitales privados de Antioquia.
Para el sector hospitalario es evidente que la crisis tocó fondo. "Esto hay que reformarlo estructuralmente", propone Giraldo Valencia, para quien estos periodos de iliquidez son cíclicos pero "en estos últimos años viene empeorándose".
Vieja nueva propuesta
En la propuesta de una reforma más profunda coincide la academia, las agremiaciones médicas y, por supuesto, los usuarios.
"Este esquema debe aceptar que aquí el aseguramiento no está en manos de los que llamamos aseguradores. El aseguramiento lo está haciendo el Estado porque en éste se resume todo. La tutela, el recobro, las negaciones llegan a una caja mayor que es la que está asumiendo todo el riesgo que se llama Fosyga", afirma el director de la Achc.
En este punto coincide Luis Alberto Martínez, para quien los privados son indispensables pero no los intermediarios: "No se puede seguir soñando con ese modelo de aseguramiento que planteaba la Ley 100, ese rol de asegurador no se está cumpliendo. Ahora simplemente es una intermediación que para el sector público es innecesaria".
Una vez más, se escucha la propuesta de quitarles a las EPS la facultad de administrar recursos que comprometen miles de vidas. "Estamos proponiendo que sea el mismo Estado el que teniendo una cuenta única donde se concentren todos los recursos, de manera descentralizada, administre esos dineros, cuenta Juan Carlos Giraldo.
El sistema dejaría a las EPS como administradores del aseguramiento, pero no de los dineros. Cabe subrayar que desde las denuncias del propio Gobierno sobre los multimillonarios recobros al Fosyga, no es la primera vez que salen a flote propuestas como esta.
Este diario buscó reiteradamente la visión de la problemática del Ministerio de la Protección pero al cierre de esta edición no había recibido una respuesta.
Entre tanto, cada vez más actores confluyen en la idea de intervenir pronto el sistema de salud, ese paciente que de cuidados intensivos está pasando a la morgue.
Los síntomas parecen demostrar que es el momento de actuar, y parecen confirmar el dictamen de Juan Carlos Giraldo, para quien "lo que tiene en sus manos el Estado es una bomba de tiempo".
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