El Consejo Superior de la Judicatura acogió, por cinco votos contra uno, la ponencia de la magistrada María Mercedes López, que pidió revocar la tutela que amparó al gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y le permitió volver al cargo.
Así las cosas, quedó en firme la decisión de la Procuraduría General de la Nación, que sancionó a Abadía con 10 años de suspensión en su cargo por intervención en política.
Según la presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, magistrada Julia Emma Garzón, lo que debe proceder ahora es la convocatoria a elecciones para escoger un nuevo gobernador. "La providencia tiene efectos inmediatos y deberá convocar a elecciones en el departamento", dijo la magistrada, quien añadió que en ese aspecto "los términos al respecto son muy claros".
Con esa última expresión y sin entrar en detalles para no tenerse que declarar más adelante impedida, la jurista le salió al paso a las manifestaciones que han señalado que debido a que ya pasó el 30 de junio, es al Presidente de la República a quien le corresponde nombrar el reemplazo de Abadía.
Pero la determinación no se quedó allí. El fallo que confirma la sanción contra Abadía además dispone enviar copia del expediente a la Fiscalía y al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue posibles irregularidades en que pudieron haber incurrido los magistrados del Seccional del Valle que favorecieron a Abadía Campo.
Ante la extrañeza que le causó la restitución del gobernador Abadía, el CSJ envió copia del expediente a la Contraloría "para los fines que estime pertinentes ese órgano de control fiscal".
Esto, de cara a posibles contrataciones que hubiera suscrito Abadía tras la restitución en su cargo como gobernador.
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