En la mañana del 24 de junio de 1990, Martín Alonso Jaramillo se despertó con la extraña y espantosa sensación de no tener piernas. Diez días después de hundirse en estado de coma, era la primera vez que inspeccionaba, de arriba abajo, la totalidad de su cuerpo.
Pero sus pies estaban ahí. Desbaratados y enyesados, pero estaban ahí. Por más que hizo memoria, Martín no supo cómo había llegado a esa cama del Hospital San Vicente de Paúl y mucho menos recordó cómo 350 esquirlas se habían alojado, de manera definitiva, en ambas extremidades.
Todo ocurrió a las 10:00 de la mañana del día 14. Martín debía llevar, en su viejo Land Rover gris pálido, un pedido de huevos a una tienda en el barrio Manila, de El Poblado, justo en frente a la Estación de Policía.
En la prensa del día siguiente se lee que a esa hora y en el mismo lugar, dos adolescentes que iban en un Mazda blanco, fueron interceptados en un retén por varios uniformados.
Transcurren unos segundos desde que los muchachos se bajan del vehículo y entonces, desde adentro, revientan 80 kilos de dinamita que se traducen en 69 heridos y cuatro muertos, entre ellos tres civiles que inicialmente no fueron reconocidos.
Aunque han transcurrido 19 años, cinco meses y un día, Martín deja escapar una lágrima de desespero como si estuviera relatando hechos de ayer. La paradoja que persigue a este hombre de 45 años de edad y 1,60 metros de estatura, es que tantos años después y tras resistir 36 cirugías, los médicos no vieran más opción que amputarle el pie izquierdo.
El día que le vaticinaron procedimiento (agosto del año pasado) como consecuencia de una osteomielitis crónica, Martín se encerró a llorar todo un día. Le dio tan duro, que una vez fue operado tuvo que ser hospitalizado dos veces por depresión severa, estrés postraumático, miembro fantasma y minusvalía.
Pero la queja de Martín luego de casi dos décadas de ocurridos los hechos, es que el Estado no lo haya reconocido como víctima y que, además, nunca se hubiese judicializado el atentado terrorista que hoy lo tiene desempleado, sin jubilación y con una deuda de siete millones de pesos de sólo intereses que debe por las cuotas de su apartamento.
Su preocupación coincide con el anuncio que hiciera recientemente la Fiscalía General de la Nación, de declarar como delitos de lesa humanidad, 21 hechos criminales que se le adjudican al narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, por estos días protagonista del documental 'Los pecados de mi padre'.
Pero, ¿en qué cambia la situación de las víctimas con la noticia? Federico Arellano, hijo del músico bugueño Gerardo Arellano, muerto en el avión de Avianca que estallara el 27 de noviembre de 1989, asegura que si bien se abre la oportunidad jurídica para revivir varios casos, irónicamente se corre el peligro de que nunca se investigue porque sencillamente ya no hay prescripción.
Jaime Jaramillo Panesso, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), ente que fue creado luego del proceso de paz con los paramilitares, opina que la decisión de la Fiscalía es una ilusión porque tanto Escobar como sus lugartenientes hoy están muertos.
"Es una declaración meramente coyuntural para salvar apariencias. Esto no va a tener en la práctica mayor desarrollo, porque los causantes de los delitos ya no están", dice.
Mientras que una Fiscalía de Medellín avanza en la compilación de más de 30 mil folios con los atentados de Escobar, un funcionario asegura que, contrario a lo que se dice de manera generalizada, no hubo un solo carro bomba en la ciudad que no se judicializara de oficio.
No obstante, según el testimonio de Martín, para la fecha en la que muere Escobar (2 de diciembre de 1993), su proceso es rechazado por un Juzgado de Medellín al considerársele extemporáneo. Sin contar que en principio, ningún abogado se comprometió con el caso, pues meterse con Escobar era "como asegurar una parcela en el cementerio".
Sobre las motivaciones que pudo tener Escobar para urdir este atentado, el entonces comandante de la IV Brigada, el coronel del Ejército, Augusto Bahamón Dussán, en su libro Mi guerra en Medellín , diría que se dio en respuesta a la muerte del sicario Jhon Jairo Arias Tascón, alias "Pinina", a manos de un agente de la policía. Martín, por su puesto, ni siquiera lo sabía.
La historia de un versado jurista que prefiere tener en reserva su nombre, fue diametralmente parecida. A las 11:00 a.m. del 28 de junio de 1990, su esposa, en ese entonces de 29 años de edad, quedó atrapada en un taco en la avenida Regional, a la altura del Cuartel de Servicios Especializados de la Policía y de la Estación de Bomberos Los Libertadores.
"Mi señora se graduaba ese mismo día de la universidad y estaba en ese ajetreo. Por esa época coincidió con que mis hijos, de 8 y 9 años de edad, estaban en vacaciones e iban con ella en el carro", recuerda. La prensa refiere que a las 11:25 a.m. explotan 150 kilos de dinamita que venían dentro de un Renault 4. Los responsables huyen. Los muertos llegan a 20 y los heridos a 69.
"Yo cogí un taxi y fui hasta el sitio. Los carros estaban humeantes todavía. Es más, recuerdo que me quemé tratando de sacar los cuerpos de mi familia (...). Después de que dejé los cadáveres de mi esposa y mi hijo en un carro de la morgue, seguí con la búsqueda de mi otra hija", dice con un hilo de voz.
La niña de 8 años había sido disparada por el parabrisas. "Se salvó pero quedó totalmente lesionada, su cara, su cuerpo, todo con quemaduras. Una locura.. .tanto que hoy, 20 años después, aún continúa en tratamientos médicos", agrega.
¿Usted sabe si ese atentado fue judicializado? ¿Se hizo algo en la parte penal? ¿La Fiscalía lo investigó? "Nunca avanzó", contesta. Pero, ¿Usted averiguó? "Obvio, no hicieron nunca nada. Mucha gente quedó como NN., se vencieron los términos, prescribió y lo archivaron. Yo por supuesto estuve interesado", responde.
Cabe recordar que la mayoría de estos actos terroristas fueron cometidos con anterioridad a la Constitución de 1991. Eran otros tiempos. "Había un temor generalizado a denunciar. Yo estaba solo contra el mundo. Era una sensación de impotencia, no había un Estado al cual acudir. Esta ciudad era totalmente insensible", concluye.
Sin embargo, tuvieron que pasar dos décadas y un camino jurídico sesudo para que el Consejo de Estado, ya en la parte contenciosa administrativa, reconociera que ese 28 de junio hubo una falla en el servicio. En el proceso se logró demostrar que, pese a que la Policía conocía de la inminencia del atentado, dispuso retenes a uno y otro lado de la vía, dejando a los civiles a expensas de una trampa mortal.
El Estado fue condenado, el 1 de octubre de 2008 (por la magistrada ponente Ruth Stella Correa), como responsable de la muerte de algunas personas que quedaron atascadas en la vía, entre ellas, la esposa de este abogado.
¿Qué sintió el día que conoció el fallo? "Dolor, pesar, se le devuelve a uno todo otra vez. Y pensé, que como habían sido 19 años de pelea profesional y jurídica muy dura, que iba a estar muy satisfecho, pero no fue así. Digamos que fue muy pírrico todo. Lo que hice, lo hice como una voz solitaria, diciéndole a los demás, que esas personas que habían perdido sus vidas no eran anónimas y que no estaban solas". Fue como haber llegado, a solas, a su propia Ítaca.
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