Entre la aceptación de los rigores que les compete a los organismos de control, el rechazo a la ambigüedad en algunos aspectos y el posible regreso a centralizar las inversiones, se conjugan las reacciones por la decisión de la Contraloría y del Ministerio de Hacienda de frenar las vigencias futuras.
Desde el ámbito local, el alcalde de Jericó, Carlos Augusto Giraldo, la considera un "meaculpa de los organismos de control, que ahora quieren pasar de la nada a mucho", por la situación crítica a la que dejaron llegar las finanzas de las entidades territoriales.
"La intención de evitar que se gaste irresponsablemente la plata del futuro es buena, pero es una limitante a proyectos serios que demandan inversión futura", expresa.
En ese perfil, el secretario de Hacienda de Medellín, Mauricio Pérez Salazar, plantea que es válido que la Contraloría llame a obedecer las leyes que rigen el tema de la hacienda pública cuando hay algo que preocupa, como se hizo antes por inversiones riesgosas de algunos entes en la bolsa y en pirámides.
Ya sabía, añade, de la preocupación del Gobierno por el uso de las vigencias futuras cuando se usan como mecanismo de financiamiento y no de ejecución presupuestal, que es como bien las utiliza Medellín.
Lo que está en entredicho, expone, es cuando el Gobierno dice que las vigencias que no han sido comprometidas y pasan a otro mandato, "se tumban".
Este es el caso de Autopistas de la Montaña, proyecto para el cual el Municipio comprometió 400 mil millones de pesos a 10 años, pero no están en contrato, pues ISA aún adelanta los estudios. "Mientras no se amarre a un contrato no es ejecutable, y solo hay un convenio entre las partes para aportar recursos", notifica.
Por eso afirma que la medida perjudica los programas de inversión de largo aliento, que son aquellos en que una vigencia pasa de un mandato a otro.
Al presidente (e) del Concejo de Medellín, Luis Bernardo Vélez, le parece "sensata y responsable" la revisión del tema por los órganos de control porque "hay un desajuste en muchas gobernaciones y alcaldías".
Para el caso de Medellín, sostiene que se trabaja con juicio y no se han puesto en riesgo vigencias para un plan de desarrollo futuro.
Otra cosa, agrega, es que muchas de las vigencias son para el próximo año, pero tienen aplicación dentro del gobierno actual y otras ya están en ejecución.
Igual que el secretario de Hacienda, a Vélez le surgen dudas con proyectos como Autopistas de la Montaña y las obras por valorización en El Poblado.
Y el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro Giraldo, advierte que está bien que se exija el cumplimiento de la ley, pero que el propio Gobierno Nacional dé ejemplo.
Las vigencias que deben echarse para atrás, sostiene, no han sido por responsabilidad de los alcaldes, sino de de instancias estatales que los presionaron para que se metieran en proyectos como los planes departamentales de agua.
"Les dijeron que sí podían comprometer vigencias futuras y les mandaron unos conceptos que iban contra la ley orgánica de presupuesto", asegura.
Pero Toro observa que las vigencias están creadas por ley y no pueden desaparecer por un concepto de los organismos de control.
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