Mientras las autoridades departamentales y de Medellín muestran resultados en atención a víctimas y defensa de los derechos humanos, los grupos armados persisten en acciones que afectan a la población civil y violan normas del Derecho Internacional Humanitario.
Así lo contrastó Christian Salazar, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al presentar ayer en Medellín el informe del año 2010, que incluyó observaciones sobre Antioquia y su capital.
El delegado del organismo internacional señaló que preocupa que persistan el desplazamiento forzado de población por parte de guerrillas, bandas criminales y combos, los asesinatos y amenazas contra los reclamantes de tierras, los altos índices de la violencia sexual y otras formas de violencia.
"Como ocurrió en el resto del país, en Antioquia se presentaron casos de desplazamientos forzados que, incluso, continuaron este año como se vio en Anorí y Tarazá, donde la guerrilla y grupos posdesmovilización presionaron protestas, mientras en las veredas mantuvieron prácticamente como rehenes a niños y ancianos", denunció Salazar.
El representante de la ONU señaló que persisten la siembra de minas antipersonal y el reclutamiento de menores y advirtió que este año ya hay casos de ataques contra escuelas, como ocurrió esta semana en Campamento, que atentan contra el DIH.
Salazar denunció que en 2010 recibieron denuncias de "tortura y tratos crueles" en Medellín de miembros de la Fuerza Pública contra población LGBT y habitantes de la calle. "Dos casos graves fueron los golpes y quemaduras contra dos menores en un CAI, en agosto, y los golpes, maltrato y amenazas que recibió un hombre capturado tras una balacera, en noviembre".
Sobre esta denuncia, el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Felipe Palau, aseguró que "estos casos han tenido atención inmediata y medidas disciplinarias de la Policía".
Salazar reconoció en su informe la atención a los desplazados e iniciativas como la búsqueda de los desaparecidos en Antioquia.
El gobernador, Luis Alfredo Ramos, y el Secretario de Gobierno de Medellín, destacaron la "objetividad" del informe de la ONU y reiteraron su compromiso de trabajar en la defensa de los derechos humanos.
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