El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció el refuerzo inmediato de las medidas de seguridad para los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de conocer la preocupación expresada por esa corporación ante posibles riesgos en su seguridad.
La alerta se produjo después de que una oficina de la Procuraduría, ubicada en el piso 26 del edificio, resultara afectada por un disparo durante el pasado fin de semana. Aunque inicialmente el hecho habría sido considerado como una posible “bala perdida”, con el paso de las horas surgieron elementos que llevaron a las autoridades y a funcionarios judiciales a evaluar si podría existir una relación con las decisiones adoptadas por la Corte Suprema.
En particular, la preocupación estaría relacionada con la condena contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, quien fue sentenciado por la Corte Suprema de Justicia.
Y es que el magistrado José Joaquín Urbano, integrante de la Sala de Casación Penal, presentó este miércoles una alerta de seguridad después de conocer este ataque contra la oficina de un alto funcionario de la Procuraduría.
En el documento, revelado por El Tiempo, manifestó su preocupación por la posibilidad de que los magistrados que participaron en el proceso contra Gómez Cerchar estén en riesgo.
“Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, señaló Urbano en la comunicación.
De acuerdo con el magistrado, otros funcionarios que participaron en el proceso también habrían expresado durante las últimas semanas preocupación por su seguridad y la de sus familias.
Ante esta situación, el presidente De la Espriella aseguró que recibió el llamado de la Sala Penal y ordenó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar de inmediato las medidas de seguridad destinadas a proteger a los magistrados.
El mandatario también lanzó una advertencia a quienes puedan estar detrás de las amenazas y aseguró que el Estado actuará para identificar a los responsables.
“Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el presidente de la República”, afirmó.
De la Espriella sostuvo que en Colombia nadie puede amenazar, intimidar o intentar doblegar a un magistrado o juez sin enfrentar consecuencias.
“A quien lo intente le caerá todo el peso de la ley”, enfatizó.
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