Los familiares de Sandra Yulieth Zuluaga Giraldo llevan varios años ansiosos ante la espera de que la justicia emita un veredicto sobre el presunto homicida de esta, y ahora han pasado a la zozobra frente a la posibilidad de que, antes de eso, quede libre y escape por vencimiento de términos.
Los temores están fundados en los múltiples aplazamientos que ha habido en el proceso, en el desorden que advierten en el expediente y en el silencio que ha tenido el juzgado del Valle que lleva el caso pese a los múltiples llamados que le han hecho últimamente.
Sandra Yulieth, nació en Medellín y era ingeniera agrónoma egresada del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Tenía 29 años cuando la asesinaron en una zona rural del Valle del Cauca, el 19 de diciembre de 2022. Los peritajes de Medicina Legal indicaron que previo al crimen, fue sometida a vejámenes sexuales.
A los diez meses fue capturado por estos hechos el mayordomo de la última finca que visitó la agrónoma, Rioger Rossbel Lennis. Contra él la Fiscalía presentó toda una serie de pruebas, incluidos análisis de ADN presente en la ropa de la víctima, y basado en ellas un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural.
Según Wilson Bolívar, el abogado que representa a la familia Zuluaga, este proceso ha sufrido dilaciones que habrían sido parte de la estrategia de la defensa de Lennis.
Desde el principio hubo eventos que se podrían calificar de artilugios y habrían existido muchas audiencias que no se han hecho por petición de la defensa argumentando incapacidades, otras veces simplemente no se presentó el defensor.
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Esto ya se veía venir desde los primeros meses de 2024. Resulta que se requería que a Lennis le hicieran unos exámenes de ADN para cotejar el material genético hallado en la escena del crimen, pero los forcejeos hacían temer que no estuviera esta prueba para la audiencia preparatoria del juicio que estaba programada para el primero de abril de ese año, aunque finalmente se logró.
El primer campanazo de la familia de Sandra sobre un posible vencimiento de términos que sería nefasto para hacer justicia, ocurrió en los días posteriores a ese primero de abril porque la diligencia no se hizo debido a que, en medio de una redistribución de procesos en los juzgados de Palmira, el caso pasó del Juzgado Primero Penal del Circuito al Juzgado 8 Penal con funciones de conocimiento.
La nueva cita quedó para varios días de abril, a partir del día 14, pero antes les llegó una notificación para otra audiencia, el 19 de abril, en la que un juez de control de garantías debía decidir si conceder o no una petición de libertad por vencimiento de términos.
De acuerdo con el abogado Bolívar, un elemento que jugó para que Lennis no saliera de la cárcel es que se demostró que parte del tiempo transcurrido había sido por los retrasos debido a las mismas peticiones de postergación de audiencias por parte de su abogado. Y así fue como prorrogaron la medida de aseguramiento que lo mantiene aún entre rejas.
Tampoco las citas del cuarto mes de 2024 con la justicia se cumplieron y solo entre enero y febrero de 2025 ocurrió la audiencia preparatoria del juicio. Posteriormente, el juicio sufrió varios contratiempos, casi todos atribuibles de nuevo a la defensa, otros achacables a demoras por procesos del Estado y en por lo menos una ocasión a incapacidad médica de la juez.
El 2 de julio pasado fue la audiencia de alegato, donde las partes se explayaron en argumentaciones y después de la cual solo quedarían dos pasos: que el juez lea el sentido del fallo –absolviendo o condenando a Lennis– y –si cabe– anunciar el monto de la pena.
Solo que la audiencia para la lectura de la sentencia estaba para el pasado 25 de agosto y no se dio. El motivo, dificultades de salud de la jueza.
Ese día, la familia de Sandra, que no se ha perdido ni una de las sesiones que han transmitido vía web, estaba conectada y expectante, pero de pronto les dijeron que la diligencia no se haría, según relató Angélica Giraldo, la mamá.
“Es absolutamente válido que la jueza se haya enfermado; lo que no es admisible en un proceso que ha tenido tantas irregularidades es que aún no tengamos una nueva fecha y que por más que llamamos y escribimos al juzgado no nos contestan nada; es lo que nos tiene preocupados”, acota Bolívar.
Acá el problema adicional, según Bolívar, y que resulta motivo de preocupación para los Zuluaga Giraldo, es que en el expediente no aparecen las actas de todos esos sucesos, no se sabe por qué, y la contraparte podría pedir de nuevo un vencimiento de términos.
Anota que eso sería funesto porque aunque en teoría si él queda libre mientras tanto, debe presentarse para el juicio y si le imponen una pena empezar a cumplirla, pero sería ingenuo pensar que lo hiciera teniendo en cuenta que la pena podría ser hasta de 60 años de cárcel por feminicidio agravado con acceso carnal violento y obstrucción a la justicia. Además teniendo en cuenta el caudal de pruebas que lo incriminan, que hacen pensar que el fallo no lo favorecería.
Bloque de Preguntas y Respuestas
- ¿Quién era Sandra Yulieth Zuluaga Giraldo y cuándo fue asesinada?
- Sandra Yulieth Zuluaga Giraldo era una ingeniera agrónoma de 29 años, egresada del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que fue asesinada el
19 de diciembre de 2022 en una zona rural del Valle del Cauca. Los peritajes de Medicina Legal indicaron que antes del crimen fue sometida a violencia sexual.
- ¿Quién es el principal acusado por el asesinato de Sandra Yulieth Zuluaga?
- El acusado es Rioger Rossbel Lennis, quien se desempeñaba como mayordomo de la última finca que visitó la agrónoma. Fue capturado diez meses después del crimen y permanece privado de la libertad por decisión de un juez de control de garantías.
- ¿Por qué existe riesgo de que el acusado quede libre por vencimiento de términos?
- El riesgo surge porque el proceso judicial ha sufrido múltiples aplazamientos y demoras. La defensa ha solicitado la postergación de algunas audiencias, también se han presentado retrasos atribuibles a procesos del Estado y, en al menos una ocasión, a una incapacidad médica de la jueza. La familia teme que la duración del proceso permita solicitar nuevamente la libertad por vencimiento de términos.
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