Desde el escándalo de la UNGRD al caso Odebrecht o la “yidispolítica”, algunos de los mayores procesos por presunta corrupción de las últimas décadas han pasado, de una u otra forma, por el Congreso. Todos tienen en común la forma opaca en que se han tramitado las relaciones entre el Gobierno y el Legislativo, donde los votos para sacar adelante proyectos se habrían pagado con puestos, contratos y partidas de inversión.
El gobierno de Abelardo de la Espriella dice querer cortar ese círculo. Y por eso fue radicado esta semana un proyecto de acto legislativo que el ministro del Interior Rodrigo Lara llamó “ley antimermelada”.
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Lara ha hablado en varias declaraciones de “sincerar las relaciones con los congresistas”, algo que, según el Ejecutivo, permitiría negociar sin recurrir a “tratos corruptos”.
En la radicación, dijo: “¿Qué es la mermelada? Lo oculto. Es la transacción bajo la mesa entre el Gobierno y el Congreso. Eso se acabó. Vamos a crear la ley para las cosas se hagan por encima de la mesa”.
La idea de fondo, dice, es reconocer que los congresistas tienen derecho a gestionar obras e inversiones para sus departamentos y municipios, sin recibir un “pedazo de la torta” a cambio y obligando a que cada solicitud quede registrada y pueda ser consultada por la ciudadanía.
Estas son las cinco claves de la iniciativa
1. Los congresistas podrán postular obras para sus regiones
El proyecto los autoriza a presentar ante el Gobierno Nacional proyectos de inversión pública en beneficio de las entidades territoriales, a través de un registro público.
Hay dos condiciones: no pueden intervenir en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos que se deriven, y ni ellos ni los financiadores de sus campañas pueden obtener un beneficio económico particular.
2. Se redefine el conflicto de intereses
Se modifica el artículo 182 de la Constitución para precisar que solo hay conflicto cuando la decisión representa un beneficio particular y determinado para el congresista, su cónyuge, sus parientes o sus socios. Además, aclara que ni la defensa de intereses regionales o sectoriales ni la financiación de campaña legalmente registrada constituyen, por sí solas, un conflicto de intereses.
3. Nacen tres registros públicos
La iniciativa plantea crear, por ley, registros de consulta abierta: uno de intereses, donde cada legislador declare sus actividades económicas y vínculos particulares; uno de financiadores, con las personas o entidades que aportaron a las campañas; y uno de proyectos de inversión, donde se inscriban las obras postuladas.
4. Ocultar información costaría la curul
Se ajusta el numeral 1 del artículo 183 para que el ocultamiento de información en la declaración pública de intereses sea causal de pérdida de investidura, la sanción que retira al congresista de su cargo. La misma consecuencia aplica a quien participe en discusiones en las que tenga un conflicto de intereses.
Con la adición al artículo 346, el Gobierno podrá incluir los proyectos inscritos en el Presupuesto General de la Nación, o financiarlos durante la vigencia fiscal con recursos de inversión y fondos especiales nacionales.
Lo que viene
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá surtir ocho debates en dos periodos ordinarios y consecutivos, lo que lo somete a la voluntad de los mismos congresistas cuyas prácticas pretende regular.
Además, el Congreso tendría que ocuparse de una ley orgánica que reglamente los registros, la gestión de proyectos regionales, el lobby o cabildeo, la declaración de intereses y el registro de financiadores.
Para Luisa Fernanda Marín, profesora de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, es un proyecto que sí podría cambiar la forma en la que se ha entendido el lobby en el país y que ayuda a tener más herramientas para reglamentarlo de una manera sana.
“En Colombia tenemos unas dinámicas políticas que hacen que estas negociaciones, acuerdos, gestiones tengan un tinte asociado a la corrupción, un tinte asociado al a un lobby más de recursos por debajo de la mesa y nos ha generado también pues los incentivos perversos para que se creen unas dinámicas también de corrupción en esta relación”, explicó.
