Cuando fue designado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo que la agenda legislativa del nuevo Gobierno sería “escueta”, porque no eran “grandes reformadores”. Un mes después de la posesión, parece que las cosas cambiaron.
Aunque todavía no hay fecha para presentar todo el paquete, los ministerios ya organizan qué proyectos llevarán al Congreso, y según un documento del Ministerio del Interior al que tuvo acceso este diario, hay de todo. Algunas iniciativas son casi simbólicas, como el acto legislativo que haría de Barranquilla la capital alterna del país. Otras buscan cambios de fondo.
El Gobierno llega con el viento a favor. La coalición en el Congreso le aprobó sin mayores reparos un presupuesto de $634,9 billones, una cifra que sorprendió a varios parlamentarios por ser $59 billones más alta que el anterior; pero aun así pasó.
También logró un Consejo Nacional Electoral en el que la oposición quedó con solo dos sillas. Según las cuentas de este medio, en el Senado se opondrían unos 30 congresistas, frente a 63 a favor y 9 independientes. En la Cámara serían 47 de oposición, 127 del Gobierno y unos 9 independientes. Estas cifras no son absolutas y pueden variar según cada proyecto, su trámite en comisión y los ánimos de los parlamentarios.
Con ese respaldo, estas son las cinco cartas prioritarias que pondrá sobre la mesa De la Espriella en los próximos días.
1. El estatuto antiterrorista, la “mano dura”
Es una de las más avanzadas en detalles. Lara explicó que funcionará con un sistema de listas en el que ingresan las organizaciones catalogadas como terroristas y de allí se desprenderán una serie de “normas especiales”.
¿Quiénes estarían en la lista? En principio, serían las disidencias —el Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco, así como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, de alias Calarcá—, la Segunda Marquetalia y el ELN. La idea se parece a la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) de Estados Unidos o de Europa.
Habría un régimen penitenciario diferenciado, extinción de dominio especial y agravantes para delitos como la minería criminal a gran escala, detalló Lara. El estatuto también incluiría un apartado para “facilitar la recolección de información de inteligencia” y así prevenir ataques.
El ministro insistió en que no será una medida de excepción ni se dirigirá contra la población civil. Y le encontró un uso adicional: cuando esta semana se conoció la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, Lara dijo que el estatuto podría ser una de las decisiones que Estados Unidos considere el año siguiente para revertirla.
El tema sería respaldado por la coalición de gobierno, aunque no todos están de acuerdo. El senador Antonio Correa (La U), que durante el gobierno Petro estuvo cerca de varias de sus propuestas, dijo que apoya la lucha frontal contra el terrorismo, pero no que un estatuto como este termine criminalizando la protesta social. La oposición y algunos congresistas que no siempre siguen la disciplina de bancada piensan igual.
Por su parte, la representante Diana Riveros, de Norte de Santander y también del Partido de La U, cree que sería una herramienta para enfrentar a las estructuras armadas del Catatumbo. El estatuto haría parte de un paquete de seguridad más grande, que incluye iniciativas como los buques cárcel o las 10 megacárceles que De la Espriella prometió en campaña.
2. Un registro de intereses de congresistas
Es la carta “bajo la manga” de Lara. El ministro ha hablado ya en varias declaraciones de “sincerar las relaciones con los congresistas” y sería clave para negociar sin tener que recurrir a “tratos corruptos”, como ha señalado.
Una de las partes de este “paquete de transparencia” sería una ley orgánica que crearía un registro electrónico, abierto y de consulta libre para los ciudadanos, para que cada parlamentario ponga sobre la mesa sus intereses.
El registro sería administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) e incluiría la financiación de la campaña del congresista, el sector y el territorio que representa, los proyectos que postula, sus actividades económicas y sus participaciones en sociedades y cargos directivos.
Si bien en el país ya existen reglas en ese sentido, el MinInterior indica que la información está “dispersa y es difícil de rastrear”.
Otra pieza sería una reforma constitucional para que los congresistas puedan postular formalmente proyectos de inversión regional sin que eso sea un conflicto. Tendrían que cumplir tres condiciones: no intervenir en la adjudicación de proyecto, que ninguno de sus financiadores de campaña tenga interés en el contrato y que la postulación quede en un registro público.
Lara lo resumió así tras la aprobación del presupuesto: “Los invito a que nos acompañen con su firma, honorables parlamentarios, la radicación de un proyecto que va a consagrar en la Constitución la posibilidad para los congresistas de postular proyectos de inversión regional sin temor, básicamente, a repercusiones de ninguna naturaleza”.
3. La ley de sometimiento y acogimiento
Esta sería quizás la carta con más consensos. El ministro de Justicia, Iván Cancino, anunció en el Congreso que este proyecto se radicaría en dos semanas. Sus reglas son claras: no a los diálogos y ninguna excarcelación.
Eso sí, habrá un “trato diferenciado” para quienes se sometan, pero agregó: “Jamás podrá ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación de nada. Lo único que van a poder decir es ‘me someto’”. Falta por ver qué pasaría con las penas diferenciales y los detalles de la ley.
La diferencia con un proceso de paz es que el Estado fija reglas y quien quiera acogerse no podrá decir nada. Para quienes quieran volver a la legalidad, el Gobierno prepara proyectos sociales, aunque el ministro aún no detalla cuáles ni bajo qué condiciones se accedería a ellos.
Justamente, dentro de los diagnósticos de la Fundación Ideas para la Paz sobre los puntos más débiles de la “paz total” de Petro, está que las negociaciones con bandas criminales se abrieron sin una ley de sometimiento.
La política que prepara el Gobierno, de hecho, contemplaría a grupos armados que participaron en la llamada Paz Total. Dijo que ya conversan con la Defensoría y la Fiscalía, entre otras entidades, pensando en casos como el de los 99 hombres y mujeres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que entregaron sus armas el 18 de junio y que llegaron a la zona de ubicación temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo.
Lo curioso es que esta ley tiene apoyos hasta en la oposición. La senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, celebró el proyecto y hasta pidió que no haya rebajas de penas para quienes reclutan menores.
El senador Ariel Ávila, por su parte, dijo que apoya las desmovilizaciones colectivas, pero no que los paramilitares recuperen estatus político.
Y el presidente del Congreso, Honorio Henríquez (Centro Democrático), indicó que esperará el texto, pero anticipó su posición: “A mi manera de ver, hay que dar ese paso”.
4. Recortar el Estado, ¿de dónde y cómo?
Es la carta más discutida, sobre todo por estos días que se debate el presupuesto del 2027. No es para menos: De la Espriella llegó prometiendo reducir el tamaño del Estado en 40%.
¿Cómo lo haría? No es muy claro aún, pero el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dio pistas de una reforma tributaria que llamó “Ley de Rescate”; que consistiría en estímulos tributarios bajo la premisa de que más productividad compensaría los impuestos que se recorten.
Gómez dijo que se radicaría ante el Legislativo a inicios de octubre. Y habló de un recorte al Estado de $21 billones.
En esa línea parece ir la propuesta que el Centro Democrático anunció esta semana. Impulsan un proyecto para darle facultades extraordinarias al presidente durante seis meses con el fin de que pueda eliminar, fusionar o modificar ministerios y otras entidades. Hablan de ahorrar 2 % del PIB, unos 42 billones de pesos, con la idea de destinarlos a inversión.
El experto en derecho administrativo y exregistrador Alfonso Portela explicó a este medio que el trámite es viable de ser aprobado por el Congreso. Eso sí, dijo, es raro que la iniciativa no venga del Gobierno.
Con el respaldo de la bancada más grande y de los partidos afines a la coalición, tendría mayorías. Pero, aquí sí habrá resistencia, no solo de la oposición, también de independientes.
“Recortar el Estado es una amenaza contra las personas porque las primeras personas afectadas son las más vulnerables”, dijo la congresista Jennifer Pedraza. Advirtió que podría haber menos plata para salud, educación y saneamiento básico, y citó el pedido de la ministra de Salud, quien pidió 13,9 billones más para su cartera en 2027 con el fin de rescatar el sistema de la asfixia.
5. El paquete regional: repartir tareas
La última carta es la más técnica. Incluye una ley y dos decretos del Ministerio del Interior (es decir, estos no pasarían por el Congreso). Los decretos crearían una figura de “delegados regionales”, que podría parecerse a la gerente para Bogotá que ya nombró el presidente. Sería un interlocutor único para que alcaldes y gobernadores no tengan que ir ministerio por ministerio a tramitar sus proyectos.
¿Y cómo se articularía con la ley? Se trata de para la “experimentación regional”, inspirada en una norma francesa de 2003. Permitiría que un territorio pruebe, por hasta ocho años prorrogables, una forma distinta de ejercer una competencia.
Lara aseguró desde Mompox que sería “gradual, simultánea y equivalente, con diferenciación territorial y acompañamiento técnico”. Y agregó: “No es una ley de giros: define qué suelta la Nación, a quién y con qué recursos”.
La idea es entregar competencias (o sea, tareas que hoy asume el Gobierno Nacional) a departamentos y municipios que acrediten capacidades, con recursos, plazos y evaluación, en temas como vías, salud, educación. Un análisis del doctor en Derecho Público y profesor de la Universidad del Norte Ángel Turián señala que podría haber un riesgo con esta política de dejar atrás a los municipios más débiles, según explica en su columna sobre el tema para La Silla Vacía.
Ahora bien, parlamentarios señalaron a este medio que, al menos por ahora, esta ley podría “pisarse” con la ley de competencias, una tarea que quedó pendiente del Gobierno pasado. ¿Qué es? Se trata del documento que debe definir en detalle qué funciones asumirán las regiones a cambio del aumento de recursos acordado con la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que ya se hizo y que estableció que las entidades territoriales pasarán de recibir entre el 20 % y el 25 % de los ingresos de la Nación al 39,5 % en los próximos 12 años.
Sobre esta ley, que fue radicada casi al final del gobierno pasado y con un año de retraso, las regiones han advertido el riesgo de recibir nuevas responsabilidades sin los recursos suficientes para cumplirlas.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿En qué consiste el nuevo Estatuto Antiterrorista y a qué grupos armados aplicará?
- Es un marco normativo que creará un sistema de listas para catalogar a grupos como organizaciones terroristas. Incluirá a las disidencias de las FARC (EMC y Segunda Marquetalia) y al ELN, estableciendo un régimen penitenciario diferenciado, extinción de dominio agravada y normas especiales de inteligencia.
- ¿Cuáles son los requisitos de la Ley de Sometimiento para bandas criminales y grupos armados?
- La iniciativa no contempla diálogos de paz ni excarcelaciones. Exige un sometimiento directo a la justicia (“me someto”) con reglas fijadas por el Estado. Ofrecerá un trato penitenciario y penal diferenciado, pero sin impunidad, junto a proyectos de reincorporación social.
- ¿Cómo propone el Gobierno que los congresistas gestionen inversión regional sin incurrir en corrupción?
- A través de una reforma constitucional y de transparencia. Permitirá a los parlamentarios postular proyectos regionales formalmente, siempre que no intervengan en la adjudicación, sus financiadores no tengan intereses en el contrato y las postulaciones queden registradas públicamente en el DNP.
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