Hombres armados detuvieron el vehículo, obligaron a los pasajeros a descender y posteriormente le prendieron fuego.
La quema de un bus de transporte público en el corregimiento de Mesopotamia, en el municipio de La Unión (Oriente antioqueño), encendió las alarmas de las autoridades departamentales este viernes en la noche.
Hombres armados y portando uniformes detuvieron el vehículo, obligaron a los pasajeros a descender y posteriormente le prendieron fuego, según la versión de las autoridades.
Ante la gravedad del hecho, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.
Las autoridades señalaron la particularidad del caso, dado que en esta zona de la subregión no se registraba presencia ni accionar de grupos armados ilegales desde hace cerca de dos décadas.
Por esta razón, la principal hipótesis de investigación, según Rendón, apunta a un posible caso de extorsión contra las empresas de transporte o comerciantes del sector.
La recuperación del orden público en Antioquia se perfila como uno de los desafíos más complejos para las autoridades regionales y la Fuerza Pública.
La agudización de la criminalidad responde a la expansión de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN, cuya presencia se extiende a 101 de los 125 municipios del departamento.
Estas estructuras se disputan el control territorial y el dominio de rentas ilícitas vinculadas al narcotráfico, las plazas de microtráfico, la minería ilegal y la extorsión en subregiones críticas como el Nordeste, Norte, Oriente y Suroeste.
Bajo el liderazgo de la Gobernación y del secretario de Seguridad, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, la administración departamental busca retomar la ofensiva contra las organizaciones criminales tras el repliegue derivado de las políticas de paz del gobierno central saliente.
El plan de acción contempla fortalecer el pie de fuerza, garantizar la presencia institucional directa en las regiones vulnerables y articular labores de inteligencia para desmantelar las cúpulas de los grupos armados y contener el impacto de la violencia en las comunidades.
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