El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora Isabel Zuleta. Esto se generó a raíz de unas declaraciones difundidas el 31 de agosto de 2026, en las que la congresista afirmó que Gustavo Petro continúa siendo el presidente de Colombia y cuestionó que se le calificara como “expresidente”.
Según la queja, el video habría sido grabado durante un encuentro con comunidades en San Sebastián de Buenavista, en el sur del departamento del Magdalena. De Bedout solicita que el ente de control verifique la integridad, fecha, lugar y autenticidad del material audiovisual.
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En el video, según lo señalado en la queja, Zuleta expresó que “diciéndole expresidente a Gustavo Petro, no lo admito” y que “Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente”.
La congresista afirmó en el video: “Si el otro se robó las elecciones, ¿quién sigue siendo el presidente? Gustavo Petro”. En otra parte de su intervención, contrapuso políticamente a Petro con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, cuando señaló que “la clase popular tiene un presidente, que los ricos se queden con su presidente, que nosotros tenemos el nuestro”.
La queja disciplinaria sostiene que la expresión sobre el supuesto “robo” de las elecciones fue dirigida contra el actual mandatario y que, en el material conocido, Zuleta no habría presentado hechos verificables, pruebas, denuncias, decisiones de autoridades electorales, providencias judiciales o investigaciones que respaldaran esa afirmación.
De Bedout también solicita que la Procuraduría verifique de oficio la información pública relacionada con los resultados electorales y sostiene que, según el conocimiento público que deberá ser corroborado por las autoridades, no se habrían reportado decisiones de las autoridades electorales que establezcan que la elección presidencial se produjo mediante fraude o que desvirtúen la validez de los resultados y del acto de posesión.
El presidente del Concejo de Medellín plantea que las declaraciones adquieren especial relevancia por haber sido pronunciadas por una senadora de la República ante una comunidad y posteriormente difundidas ampliamente por medios de comunicación y redes sociales.
La queja, además, aclara que no pretende cuestionar el derecho de la congresista a expresar desacuerdos con el Gobierno, defender el legado político de Gustavo Petro, criticar una elección o formular denuncias. Su punto central es determinar si la senadora utilizó su investidura para presentar como cierto un supuesto fraude electoral sin un soporte identificable y para promover una narrativa de “doble presidencia”.
Lo anterior, a juicio del denunciante, podría afectar la confianza en el orden constitucional y en las autoridades electorales.
La solicitud queda así en manos del Ministerio Público, que deberá determinar, a partir de las verificaciones correspondientes, si las declaraciones y las circunstancias en que fueron realizadas tienen relevancia disciplinaria.
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