La Corte Constitucional le dio al Gobierno Nacional 30 días hábiles para justificar por qué pide aplazar hasta 2028 la entrada en vigencia de la reforma pensional.
El plazo, contado desde la notificación del auto, es para que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, sustente el incidente de impacto fiscal. Si no lo hace a tiempo, el trámite será declarado desierto.
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