La Fiscalía boliviana anunció este martes que citará a declarar a autoridades y exfuncionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dentro de las investigaciones por el accidente del avión de la aerolínea Lamia en el que viajaba el club brasileño Chapecoense y que se estrelló en el municipio de La Unión, Antioquia.
En declaraciones a los medios en La Paz, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, señaló que se prevé que los directores actuales e incluso anteriores autoridades serán convocadas a declarar esta semana.
Mencionó que se sabe que un exjefe de la DGAC no quiso dar la autorización de funcionamiento a Lamia y que “luego entró un nuevo director que sí firmó esa autorización”.
“La investigación tiene que ir por ahí, por qué uno no firmó (la autorización) y el otro sí firmó, cuál fue el sustento legal, la documentación que se presentó”, señaló Guerrero.
Lamia obtuvo el 21 de julio del 2015 en Bolivia un “Certificado de Explotador de Servicios Aéreos” para realizar vuelos chárter nacionales e internacionales, con la firma del entonces jefe interino de esa institución, el general Edgar Pereyra.
El avión de Lamia, en el que viajaban futbolistas y dirigentes del Chapecoense, además de periodistas y tripulantes, se estrelló el pasado 28 de noviembre cerca de la ciudad colombiana de Medellín.
En el siniestro murieron 71 de los 77 pasajeros del avión y sobrevivieron tres futbolistas, dos tripulantes y un periodista.
Dentro de las investigaciones en Bolivia, la semana pasada fue encarcelado el director general de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, acusado por diversos delitos, entre ellos el de homicidio culposo.
También fue enviado a prisión su hijo, Gustavo Vargas Villegas, quien siendo director de Registro Aeronáutico Nacional de la DGAC, autorizó en 2014 la importación y matrícula provisional del avión de la aerolínea.
La Fiscalía boliviana también imputó al director de Operaciones de Lamia, Marco Antonio Rocha Venegas, y a la extécnica aeronáutica Celia Castedo, quien hizo un informe sobre las irregularidades en el plan de vuelo del avión en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, antes de que despegase.
Rocha salió del país hacia Paraguay días antes del accidente, mientras que Castedo, quien pidió refugio en Brasil, ha denunciado que fue objeto de presiones de sus superiores en la entidad de administración aeroportuaria donde trabajaba para cambiar el contenido de su informe.
Guerrero ratificó hoy que se ha solicitado que Castedo y Rocha sean declarados “en rebeldía” para poder notificar a la Interpol y proceder con los trámites para su extradición.
En el caso de Castedo, indicó que el Ministerio Público “está en condiciones de demostrar que se está investigando un delito común en el país”, por lo que debería proceder su extradición, al margen de su solicitud de refugio en Brasil.
El fiscal general también sostuvo que Rocha tenía que ser uno de los pilotos del vuelo siniestrado y que Ovar Goytia, quien fue copiloto de la nave cuando sucedió el accidente, “no tenía autorización para hacer ese tipo de vuelos”.
“Estamos encontrando cada día información importante que sin duda va a conducir esta investigación y dar con los responsables en este caso”, agregó Guerrero.
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