Los 17 países de América y el Caribe reunidos en Lima para tratar la situación de Venezuela reafirmaron que esa nación “ya no es una democracia” y de que “los actos que emanen” de su Asamblea Constituyente “son ilegítimos”.
Esas fueron dos de las conclusiones expresadas durante una declaración conjunta en la capital peruana, y en la que se incluyó el reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano legítimamente elegido en Venezuela, el rechazo a la violencia y una condena a la violación de los derechos humanos cometidos en el país.
El grupo de cancilleres también decidió no apoyar las candidaturas venezolanas en mecanismos y organizaciones regionales e internacionales, e hizo un llamado a detener la transferencia de armas hacia Venezuela a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas.
A lo anterior se sumó una condena conjunta a “la ruptura del orden democrático en Venezuela” y al hecho de que el país vecino ya no cumple con los requisitos ni obligaciones de los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A los cancilleres también les preocupa que el Gobierno de Nicolás Maduro no permita el ingreso de alimentos y medicinas. Entretanto, los diplomáticos pidieron continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela en el seno de la OEA y apoyaron al Mercosur en su decisión de suspender a Venezuela del órgano regional.
El grupo también fue enfático en su apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, y al resto de miembros del Ministerio Público.
Entretanto, aseguraron en el comunicado conjunto, seguirán vigilantes a la situación “hasta el pleno restablecimiento de la democracia en ese país” y se reunirán a más tardar en la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (en septiembre), “oportunidad en la que podrán sumarse otros países”.
