Tras cinco años de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman medios de ese país como La Nación relatan el suceso como un homicidio que aún no tiene culpables ni certezas. A pesar de tratarse de la muerte de uno de los personajes más importantes de la última década, ni siquiera se cuenta con los indicios suficientes para asegurar que se trató de un asesinato.
Solo hay un expediente abierto desde entonces, la intención del fiscal actual Eduardo Taiano de elevar el caso a juicio en este 2020 y un nombre que se repite entre los folios: el del técnico informático Diego Lagomarsino, procesado por ser presuntamente partícipe de su muerte, y quien ahora vive entre un brazalete electrónico y la prohibición de dejar el país.
El hecho ocurrió el 17 de enero de 2015 y un informe de la Policía Federal dijo en junio de ese año, en pleno gobierno de Cristina Fernández, que Nisman estaba solo cuando atentó contra su vida. En 2017 otro reporte realizado por 24 expertos de Gendarmería (un cuerpo militarizado que cumple funciones de policía) señaló que fue golpeado por dos personas que ingresaron a su apartamento y luego lo asesinaron. En su cuerpo aparentemente había restos de ketamina, un alucinógeno.
Uno de los pocos puntos comunes al que apuntan las hipótesis es que Lagomarsino llevó hasta su apartamento en el piso 13 de una torre del complejo Le Parc, en el lujoso barrio de Puerto Madero de Buenos Aires, una pistola calibre 22 que terminó siendo la que apagó su vida. Según Lagomarsino, el fiscal le pidió el arma para tener con qué defenderse.
Hasta las opiniones de los políticos se contradicen con el pasar de los años sobre esa muerte. En 2017 el ahora presidente dijo en una entrevista de un documental que dudaba que el fiscal atentara contra su vida ese fin de semana de enero, cuando su cuerpo se encontró sin vida y con un disparo en su apartamento.
Y el primero de enero de este año cambió su relato. “Hoy las pruebas acumuladas no dan lugar a pensar que fue un asesinato”, dijo al periódico Clarín, poniendo en duda el peritaje de la Gendarmería que arrojó la conclusión del homicidio.
Un hombre que incomodaba
Con 51 años, 26 de ellos al servicio de la justicia, Nisman lideraba la pesquisa de uno de los casos que más ha marcado a su país: el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) que ocurrió en Buenos Aires en julio de 1994, en el que fallecieron 85 personas y cerca de 300 resultaron heridas. Ese folio que apuntaba a Irán y a Hezbolá como posibles responsables de esas muertes lo llevó hasta Cristina Fernández.
Cuatro días antes de su deceso el fiscal señaló públicamente a la entonces presidenta –y ahora vicepresidenta– de haber firmado en 2013 un memorando de entendimiento con Irán que llevaría a que ese crimen quedara impune. Aquel día siguiente que no alcanzó a vivir tenía una cita en el Congreso para presentar formalmente el señalamiento contra la presidenta.
Tiempo después Fernández respondió a esa acusación en su libro Sinceramente, publicado en abril del año pasado, asegurando que su pacto con ese país fue “una verdadera ingenuidad”. Pero en esas mismas páginas también planteo sus dudas: “No puedo dejar de preguntarme si la hipótesis del homicidio quedó desmeritada”, escribió.
Argentina sigue hablando del caso como si se hubiera congelado en el tiempo. Fue hace cinco años cuando el hallazgo de su cadáver en la bañera del departamento conmocionó al país y justo para este mes la plataforma Netflix publicó una serie documental sobre el proceso. “Todos hablan de Nisman”, sentencia el director de la Consultora Diagnóstico Político, Patricio Giusto.
“Desde el regreso de la democracia en 1983 este ha sido el caso más fuerte del país por el impacto que tuvo en política externa e interna y en la opinión pública”, dice Giusto. Pareciera que se comenta más de la muerte de un hombre en 2015 que del atentado de 1994 que este investigaba. Con su óbito Argentina perdió la ruta para contar la verdad que marcó la vida de 385 familias.
Nisman se fue y tanto su caso como el de Amia quedaron congelados entre relatos de espías, cruces telefónicos, opiniones políticas y versiones aún por construir en dos procesos inconclusos.
