El recuento rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE) da un 67,82 % en promedio al “sí” en las siete preguntas de la consulta popular y referéndum desarrollados hoy en Ecuador y sus circunscripciones en el exterior.
La presidenta del CNE, Nubia Villacís, dijo que la pregunta que más apoyo obtiene, con un 74 %, es la 1, que señala que quienes hayan sido sentenciados por corrupción queden inhabilitados para participar en la vida política y pierdan sus bienes.
La pregunta en la que el “sí” logra menor apoyo en el recuento rápido es la 3, que busca derogar la reelección indefinida de autoridades, al obtener el respaldo del 63 % de los votantes.
Los resultados revelados por Villacís corresponden a 1.885 de las 2.121 juntas receptoras del voto seleccionadas para la muestra representativa, indicó Villacís, que informó de una participación del 82,1 %.
En la pregunta 2, el 64,3 % aprueba la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, órgano que designa a las autoridades de control en el país, de acuerdo al recuento rápido con una muestra parcial.
En la 4, un 73,8 % apoya que nunca prescriban los delitos sexuales contra menores, según el recuento rápido del CNE, que tiene una confiabilidad del 99 por ciento, según la alta funcionaria.
La quinta pregunta del referendo propone que “se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos”, y en ella, el “sí” aglutina el 68,9 %.
La sexta, ya de consulta y que busca derogar la denominada “ley de plusvalía”, a fin de impulsar la construcción y la inversión privada para crear puestos de trabajo adicionales en todos los servicios que se ven afectados, recoge el respaldo del 63,2 %.
El “sí” llega al 67,8 % en la última pregunta, que pretende reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas.
Las cinco primeras preguntas forman parte del referéndum y en caso de ser aprobadas implicarían enmendar la Constitución vigente, mientras que las dos últimas integran la consulta y suponen modificar la legislación vigente o introducir nuevos supuestos
