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El fiscal general ante la Cámara del Crimen de Argentina, Ricardo Sáenz, pidió ayer públicamente investigar el rol que jugó en el deceso de su colega Alberto Nisman el técnico informático Diego Lagomarsino, propietario del arma que lo mató, en enero de 2015.
“Pedí que a Lagomarsino se lo impute por todas las hipótesis. Creo hay que investigarlo”, dijo a radio Continental Sáenz, una semana después de convertirse en el primer funcionario judicial en sostener que Nisman fue víctima de un homicidio.
“La jueza (Fabiana Palmaghini) y la fiscal (Viviana Fein) están llevando a cabo una ficción en la que solo se le imputó a Lagomarsino por la entrega del arma”, dijo el fiscal, quien destacó que muchos testigos consideran inverosímil que Nisman le pidiera a su colaborador un arma para proteger a sus hijas, tal y como sostiene Lagomarsino.
El fiscal aplaudió la decisión de la jueza Palmaghini de ceder la causa a la Justicia Federal ya que, a su juicio, “es la que tiene la competencia más amplia para conocer y dilucidar cuál de todas las hipótesis implicadas resulta finalmente aplicable al hecho”.
La jueza se declaró incompetente para seguir al frente de la causa tras la declaración del exjefe de Operaciones de los servicios de inteligencia argentinos Antonio “Jaime” Stiuso el pasado lunes.
Stiuso, quien colaboraba con Nisman en el marco de la investigación sobre el atentado contra la mutual judía Amia (que dejó 85 muertos en 1994), declaró que al fiscal “lo mató un grupo relacionado” con el anterior gobierno, presidido por Cristina Fernández, por la denuncia que el fiscal había interpuesto contra ella días antes de morir.
El exespía tuvo el martes una sorpresiva participación telefónica en un programa televisivo para desmentir al exfiscal Luis María Ocampo, quien en ese momento denunciaba los vínculos de Stiuso con el mundo de la política y la Justicia.
Sobre Stiuso, apartado de su cargo en diciembre de 2014, también pesan acusaciones de presunto lavado de dinero, contrabando y enriquecimiento ilícito.
Nisman fue hallado muerto, con un disparo en la sien, en su domicilio el 18 de enero de 2015 en circunstancias aún sin aclarar.
Su muerte se produjo horas antes de comparecer en el Congreso para explicar la denuncia contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de terroristas iraníes, que el pasado mayo fue archivada por la Justicia.
Con la llegada al gobierno argentino de Mauricio Macri, se han producido algunas decisiones que ayudan al esclarecimiento del crimen del fiscal Nisman.
La primera de ellas se produjo el 15 de enero de 2016, cuando el mandatario ordenó desclasificar toda la información relacionada con la muerte del fiscal, a pocos días de que se cumpliera un año del hecho que permanece sin resolver. La medida comprende a la Agencia Federal de inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad.
Tres días más tarde, el primer año de la muerte del fiscal fue recordado, en actos convocados por las principales organizaciones de la comunidad judía argentina. El principal, en una plaza de Buenos Aires, tuvo como orador al presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, Ariel Cohen Sabban, para quien el actual gobierno tiene “la responsabilidad histórica” de esclarecer “aquellas causas jurídicas pendientes con la sociedad”.
El 25 de febrero, el fiscal Ricardo Sáenz presentó un dictamen en el que afirmó que los indicios apuntaban a que Nisman fue asesinado.
Esa misma hipótesis salió luego de los labios del exagente secreto, “Jaime” Stiuso. El 2 de marzo, ante la Justicia, afirmó que Nisman habría sido asesinado por personas relacionadas con el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández. Su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, manifestó que la declaración testimonial de su cliente no se fundamentaba en ninguna “prueba concreta” sino “en una interpretación de los precedentes y motivos que pudieron llevar a que lo hayan matado y el por qué”.