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Biden sigue dando forma a su política migratoria

  • La administración de Joe Biden también trabaja con celeridad en el restablecimiento del sistema de asilo y en el programa DACA, que otorga permisos de residencia y trabajo a jóvenes. FOTO getty
    La administración de Joe Biden también trabaja con celeridad en el restablecimiento del sistema de asilo y en el programa DACA, que otorga permisos de residencia y trabajo a jóvenes. FOTO getty
Por efe | Publicado el 03 de febrero de 2021

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó ayer la formación de un grupo de trabajo que tendrá por objetivo reunificar a los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera bajo el Gobierno de Donald Trump.

Esta iniciativa formará parte de un paquete de órdenes ejecutivas sobre inmigración que Biden firmó y que buscan revertir el legado de Trump.

Biden "ha dejado claro que revertir las políticas migratorias del Gobierno de Trump que separaron miles de familias en la frontera es una prioridad", según dijo una alta funcionaria de la Casa Blanca en una llamada telefónica a varios periodistas. El grupo trabajará con aliados en los países del continente para encontrar a los padres de los menores que todavía siguen bajo custodia del Gobierno.

Aunque no existe una cifra exacta sobre cuántos de los menores separados por el Gobierno de Trump bajo la estrategia de "tolerancia cero" siguen lejos de sus progenitores, se estima que son cerca de 1.000.

Según un documento judicial de diciembre, eran 628 los menores que seguían separados, de los cuales 333 tenían los padres en Estados Unidos y 295 en sus países de origen.

Biden firmó una segunda orden ejecutiva enfocada en la gestión de la migración en la frontera al definir la de Trump como "caótica, cruel y confusa". Entre otras medidas, esta orden ejecutiva tiene como objetivo "restablecer el sistema de asilo", creando vías para que los solicitantes centroamericanos puedan llegar a Estados Unidos.

Además, ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que revise el programa Permanezcan en México, por el cual miles de centroamericanos están esperando turno en el lado mexicano de la frontera y que Biden ya ordenó suspender.

Finalmente, la tercera orden ejecutiva busca revisar "de arriba a abajo" todas las medidas recientes aprobadas por el Gobierno de Trump que han "establecido barreras" al sistema legal de inmigración, como las penalizaciones por el uso de beneficios públicos.

"El Gobierno anterior promulgó cientos de políticas que van en contra de nuestra historia y socavan el carácter de EE.UU. como tierra de oportunidad abierta y acogedora", dijo la funcionaria.

Estas órdenes ejecutivas sobre inmigración se añadirán a las firmadas por Biden en su primer día en el poder.

Llamados a la Corte

La administración Biden había solicitado el lunes al Tribunal Supremo que retire de su calendario la presentación de los argumentos del Gobierno sobre la financiación del muro fronterizo y un programa que obliga a los solicitantes de asilo a esperar por su proceso en México.

La exposición de los argumentos en estos casos estaba prevista para el 22 de febrero y el 1 de marzo, respectivamente, pero en sendos escritos la procuradora general interina de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, pidió su retiro de la agenda.

La solicitud se interpuso después de que Biden congeló el pasado 20 de enero, en su primer día en la Casa Blanca, la construcción del muro en la frontera con México y suspendió las nuevas inscripciones en el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), también conocido como "Permanezca en México".

Bajo ese programa, unas 68.700 personas han sido devueltas a México para aguardar por sus citas ante las cortes estadounidenses, detalla en su documento Prelogar.

"La administración ha pedido a la Corte retirar el caso de su calendario del mes de febrero mientras evalúa 'la legalidad de los métodos de financiación y obtención de contratos usados en la construcción del muro'", señaló en un comunicado la organización medioambiental El Sierra Club, que junto a la Coalición de Comunidades Fronterizas del Sur demandó la iniciativa del ahora expresidente Donald Trump.

La nota indicó que en 2019 una corte de distrito y un año más tarde la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito tipificaron como ilegal el intento de Trump de transferir 2.500 millones de dólares procedentes de salarios y fondos de retiro de militares a la construcción de la valla fronteriza.

El traslado de fondos estaba amparado en una emergencia nacional que el entonces mandatario declaró en febrero de 2019 y la cual le otorgaba un poder especial para hacer frente a un problema cuando el país está "amenazado por una crisis, exigencia o circunstancias de emergencia" que no sean guerras o desastres naturales.

Pese a las decisiones de las cortes menores, una suspensión por parte del Supremo permitió que Trump siguiera destinando esos fondos a su proyecto bandera.

"Nos complace ver una pausa en la construcción del muro mientras la Administración Biden decide si defender la desastrosa e ilegal declaración de emergencia nacional", dijo Gloria Smith, abogada de Sierra Club.

La procuradora general interina pidió el lunes al Supremo que en este caso se suspendan las sesiones informativas y que mantenga en suspenso otros procedimientos "para permitir la finalización de esa revisión.

Prelogar señaló al Supremo que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes en las dos causas, estuvo de acuerdo con la solicitud

1.000
menores de edad habrían sido separados de sus padres al cruzar la frontera.
650
mil jóvenes indocumentados tendrán otra vez permiso de trabajo y residencia.

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS EL PRIMER GRAN DILEMA DE BIDEN

Joe Biden se enfrenta a un dilema: aprobar un paquete de ayuda económica de 1,9 billones de dólares haciendo valer la mayoría de los demócratas en el Congreso o buscar una alianza con los republicanos, en consonancia con su promesa de unir al país. Aún no ha tomado una decisión, pero cualquier paso que dé en este asunto podría definir su relación con el Congreso durante los próximos 4 años. Por ahora las diferencias son marcadas: los republicanos piden que se apruebe un paquete de ayuda de apenas 618.000 millones de dólares, además discrepan con dos de las propuestas de los demócratas: ayudar a estados y municipios que resignaron ingresos por impuestos y aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares la hora.


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