La Justicia argentina envió a juicio a la expresidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los imputados por el ataque contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, tres años después de que el fiscal Alberto Nisman apareciera muerto días después de denunciarla.
Tras cerrar la instrucción, el juez Claudio Bonadio decidió abrir la vista oral y pública, en fecha todavía por determinar, con un total de 12 procesados, alguno de ellos en prisión preventiva desde el pasado diciembre.
La mandataria (2007 y 2015) y senadora evitó por el momento quedar presa por contar con fueros parlamentarios, y es acusada, al igual que otros de sus colaboradores, de “encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad”.
Este será el tercer juicio que debe enfrentar la exmandataria, que se considera víctima de una persecución judicial impulsada por el actual Gobierno (Ver radiografía).
El fiscal Nisman, quien apareció muerto en enero de 2015 -en circunstancias aún sin esclarecer- cinco días después de denunciar a Fernández, encabezaba la investigación del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires -el mayor que ha sufrido Argentina-, que dejó 85 muertos, sigue impune y es atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chií Hizbulá.
El procurador estaba convencido de que un memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos ex altos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación comercial bilateral.
Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero fue reabierta en 2016.
“No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra”, expresó Fernández en un escrito presentado ante Bonadio el pasado octubre.
En su dictamen, el juez recordó ayer que la posición adoptada tradicionalmente por el Gobierno argentino fue la de acompañar los pedidos de la justicia nacional, que siempre fueron conseguir que los imputados iraníes fueran juzgados en Argentina.
Mientras, relata que la actitud de Irán fue siempre la de no colaborar.
Sin embargo, Bonadio recalca que “esta postura” comenzó a cambiar cuando Fernández solicitó en un discurso en 2010 ante la Asamblea General de la ONU, elegir un tercer país en donde llevar a cabo el enjuiciamiento de los iraníes.
“Al poco tiempo, comenzaron a gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo con representantes de Irán que culminaron en la suscripción del Memorando”, añade el magistrado.
En su opinión, este documento -que fue aprobado por el Congreso argentino y declarado después inconstitucional y que en Irán nunca fue ratificado- fue el medio elegido para llevar a cabo el “plan delictivo” y procuraba la “normalización de las relaciones con Irán”.
También “favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra” en Argentina, en referencia al ataque a la AMIA pero también al atentado, en 1992, contra la embajada de Israel, que dejó 29 muertos y también sigue impune.
Roberto Boico, abogado de Fernández, destacó la “inexistencia de delito” en esta causa y consideró que es evidente que se trata de una “persecución judicial” contra su defendida e hizo referencia a otro proceso en el que también se juzga un presunto encubrimiento del atentado, que tiene a 12 personas en el banquillo, entre ellas el también expresidente Carlos Menem (1989-1999).
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