Migrañas, desviación de la columna, enfermedad de Buerger, esófago de Barrett, miastenia grave. Las dolencias de salud que padece el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y que ha admitido públicamente, bien podrían convertirlo en caso de estudio para especialistas médicos. Pero, ¿hasta qué punto su condición física es asunto de interés nacional?, ¿tienen los ciudadanos derecho a conocer la historia clínica de su mandatario?, ¿los quebrantos de salud de un presidente pueden afectar el desarrollo de un país?
Estas preguntas, que no resultan fáciles de responder, se las planteó el viernes pasado el Tribunal Supremo de Filipinas, a partir de una solicitud del abogado Dino de Leon, quien consideraba que los informes médicos y psicológicos del mandatario debían divulgarse para confirmar o desestimar que se encuentra actualmente impedido para ejercer su cargo. Luego de una sesión virtual, llena de discusiones acaloradas, el tribunal negó la solicitud por solo dos votos a favor y 13 en contra.
Pero Duterte no ha sido el único líder mundial cuya salud ha generado debate este mes. Se le han unido Daniel Ortega, de Nicaragua; y Kim Jong-un, de Corea del Norte, por sus prolongadas ausencias del foco público; e incluso Jair Bolsonaro, de Brasil, semanas atrás, cuando se sospechó que podía haberse contagiado de coronavirus.
Expertos consultados por EL COLOMBIANO coinciden en afirmar que la posibilidad de revelar las historias clínicas de altos funcionarios de un Estado resulta controversial, particularmente porque no hay un consenso internacional al respecto y, por lo general, la normatividad de cada país deja el asunto en un limbo legal.
No obstante, desde una perspectiva económica, la experta en Economía Política y candidata a doctora de la Universidad del Rosario, Nazly López Peña, considera que el estado de salud incide en su manera de administrar: “Cada líder personifica el tipo de poder que ejerce. Donald Trump está asociado a discursos racistas y xenófobos, caza guerras comerciales, y así son las decisiones que toma. Si los ciudadanos o la comunidad internacional se enteraran de que sufre una enfermedad grave, empezarían a pensar en quién podría ser su sucesor y si ese cambio de mando también modificaría la manera de hacer política pública en Estados Unidos”.
De igual forma, añade la académica, “un quebranto de salud de un mandatario genera cierta desconfianza en su capacidad de gobernar”. Sin embargo, opina, hay que trazar un límite claro para evitar vulnerar el derecho a la intimidad: “Si un presidente está enfermo, tanto el ciudadano como el empresario deberían saberlo. Pero habría que evitar una vulneración de la intimidad del mandatario frente a la opinión pública, sobre todo con enfermedades que son estigmatizadas socialmente. Por eso, la única circunstancia en la que el diagnóstico médico debe ser público, es si se trata de una enfermedad que represente un riesgo inminente de muerte o que lo obligue a dejar el poder porque disminuye la capacidad de ejercer sus funciones de lo público”.
