El Tribunal de Apelación de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, confirmó este lunes la pena de cuatro años de cárcel dictada en primera instancia contra Jean-Claude Mas, fundador de la empresa que fabricaba y comercializaba los implantes mamarios fraudulentos PIP, que afectaron más de 2.800 mujeres en Colombia.
En línea con la sentencia de diciembre de 2013, se le consideró culpable de fraude agravado y fraude contra la empresa alemana de certificación TÜV, a la que engañó durante años sobre la composición del gel de las prótesis.
El empresario deberá también pagar una multa de 75.000 euros y tiene prohibido ejercer una profesión en el ámbito sanitario o médico.
El tribunal ratificó igualmente la culpabilidad de otros cuatro antiguos empleados de la empresa, condenados a penas de hasta tres años de cárcel, para dos de ellos exentas de cumplimiento.
Cuando “estalló el escándalo de los “Poly Implant Prothèse” (PIP), en el 2010, puso al descubierto el riesgo que corrían unas 500 mil mujeres alrededor del mundo, que habían utilizado dichas prótesis con fines estéticos y reconstructivos. En Colombia han denunciado afectaciones por los implantes PIP 2.897 mujeres.
De las 2.897 colombianas vinculadas a la nueva demanda, 851 son de Antioquia, 785 del Valle de Cauca, 540 del Eje Cafetero, 474 Bogotá 5 de Cartagena y 242 de otras regiones de Colombia.
Mas, de 76 años, fundó en 1991 la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), que se convirtió en el cuarto fabricante mundial de prótesis mamarias gracias a sus implantes de bajo coste fabricados con un gel no homologado por las autoridades.
La acusación estimó en el juicio en primera instancia que, hasta la prohibición de esas prótesis en 2010, poco después de que se multiplicaran los incidentes por su uso, la empresa se ahorró un millón de euros anuales en gastos de fabricación.
PIP llegó a obtener el 84 % de su facturación fuera de Francia, esencialmente en América Latina, donde en países como Venezuela se estima que 33.000 mujeres recibieron esos implantes.
Mas, que en 2012 cumplió ocho meses de detención provisional, admitió en 2013 que utilizó una silicona industrial, pero afirmó que sus prótesis no suponían ningún riesgo sanitario y acusó a las mujeres que lo llevaron ante los tribunales de ser “frágiles” y de pretender “sacarle el dinero”.
