Han pasado cinco años desde la ola migratoria que puso a Europa en aprietos. La guerra en Siria, el surgimiento de la organización criminal Estado Islámico, el recrudecimiento del conflicto israelí-palestino y la apertura de fronteras de Alemania a los refugiados, llegando a albergar al menos 1,14 millones de migrantes en 2019, se conjugaron en un problema humanitario y político sin precedentes que ahora la Comisión Europea busca solucionar con la presentación de una hoja de ruta: el Nuevo Pacto por la Migración y el Asilo.
Ayer, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó la controvertida reforma, que distribuye las responsabilidades entre todos los Estados miembros, refuerza los controles fronterizos y fortalece los mecanismos de reenvío de migrantes irregulares a sus países de origen. De acuerdo con sus palabras, en documento representa un equilibrio “justo y razonable” entre “responsabilidad y solidaridad”.
El plan busca sortear la persistente negativa de países como Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia a acoger a solicitantes de asilo, propone blindar jurídicamente a las ONG que rescatan migrantes en el mar y revisa el principio hasta ahora vigente que hacía que el país de llegada de un migrante tuviera la responsabilidad de tramitar la solicitud de asilo. Dicho esquema descargaba todo el peso en las fronteras externas de la Unión Europea y países como Grecia e Italia. La reforma también define un proceso más rápido para rechazar a los migrantes no elegibles para recibir protección internacional.