El hallazgo de nuevas fosas clandestinas con restos humanos cerca de la frontera que separa a México de Estados Unidos (Tamaulipas), refleja uno de los efectos de la guerra entre carteles de la droga por el control de los territorios y el sufrimiento de miles de familias que no tienen pistas sobre el paradero de sus seres queridos.
Solo en la región donde fueron ubicadas las últimas fosas, cuatro en total con restos óseos que pertenecerían al menos a tres cadáveres, hay un reporte de 5.862 desaparecidos que tendrían una relación directa con la disputa de dos carteles: Zetas y el Golfo.
De acuerdo con varias ONG de derechos humanos en México, entre 2006 y 2018, en todo el territorio nacional las desapariciones forzadas suman 61.637 casos.
El gobierno de México, por medio de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, tiene centradas sus principales actividades en los estados de Colima, Guerrero, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, donde más se concentran las denuncias.
Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda de Personas, afirmó a los medios locales que en ese país existen poco más de tres mil fosas clandestinas y detalló que tendrían casos de desaparecidos entre finales de 2016 y agosto de 2019.
La funcionaria añadió que durante el gobierno de Manuel López Obrador (con corte a 31 de diciembre de 2019) se habían logrado ubicar 522 tumbas informales en las que se exhumaron 671 restos humanos, 200 de los cuales ya fueron identificados.
Las esperanzas se agotan
Uno de los casos emblemáticos de desaparición forzada en ese país es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ya se cumplen 65 meses sin ninguna noticia sobre su paradero y las esperanzas de sus familias se desvanecen poco a poco.
Joaquina García, madre de Martín Getsemani Sánchez García, estudiante desaparecido, afirmó que “seguimos en el mismo pozo. El gobierno anterior quiso engañarnos que nuestros hijos estaban muertos, que los habían quemado, pero nunca creímos porque quedó demostrado por el Grupo de Expertos que no fue así. Queremos que nos digan la verdad. A un año del actual gobierno no tenemos nada, pero seguimos con la esperanza de que las autoridades están trabajando para saber dónde están nuestros hijos”.
Dificultades y retos
Para el doctor Fernando Neira Orjuela, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, si bien se trata de una problemática generada por la guerra entre carteles de droga, también se debe a las acciones de agentes del estado que “se pueden generar por cuestiones políticas o por vínculos con los ilegales”.
Además, dice el investigador que los inconvenientes que se afrontan en la actualidad tienen relación directa con los dos gobiernos anteriores en México, “que quisieron disimular la gravedad de la situación y eso evito tener cifras reales y acciones efectivas. A esto se le suma que cada estado ha dado un manejo diferente a la situación. También faltan recursos en la Comisión Nacional de Búsqueda: solo hay 43 personas que coordinan la búsqueda de los más de 40 mil desaparecidos”.
Añade el doctor Neira que si bien es cierto que el fenómeno tiene hoy en día una visibilidad mayor, “el reto sigue siendo que se pueda determinar con mayor exactitud la situación en todo el territorio, se requieren políticas que acompañen todo el proceso de identificación y campañas de prevención”.
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