Por medio de un comunicado, el país centroamericano aseguró que se comunicará con el Gobierno colombiano para hablar de la situación y aseguró un “enfático rechazo” a la decisión de la justicia de su propio país.
El Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo de León, expresó un enérgico rechazo a la orden de captura emitida por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial contra los abogados colombianos Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Mediante un comunicado oficial, el Ejecutivo guatemalteco señaló que la resolución “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional” y “vulnera el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG”. Además, confirmó que se han iniciado contactos diplomáticos con Colombia para abordar la situación.
La resolución fue emitida por la Sala Tercera de Apelaciones, presidida por el juez Alejandro Prado, una instancia que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos por su rol en procesos judiciales de alto perfil. Entre sus fallos más polémicos se encuentra la prolongada detención del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días, y decisiones en contra del Movimiento Semilla, partido oficial, así como de exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral tras los comicios de 2023.
El Organismo Judicial guatemalteco está actualmente dirigido por Rafael Curruchiche, quien está en la Lista Engel, señalado por el Departamento de Estado de EE.UU. por su presunta implicación en actos de corrupción y ataques contra la democracia.
Por su parte, la Fiscalía de Guatemala acusa a Velásquez y Camargo de supuestas irregularidades durante la investigación del caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más significativos en la región.
Sin embargo, expertos y exfuncionarios han cuestionado fuertemente la legalidad de dicha acción. Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción exiliado en EE. UU., afirmó que “los magistrados de apelaciones no tienen facultad para emitir órdenes de aprehensión, según la ley guatemalteca”.
El Gobierno de Arévalo de León añadió en el comunicado que “ya está en contacto con las autoridades del hermano país de Colombia” para las “aclaraciones diplomáticas correspondan”.
Además, aseguró que las acciones de la Fiscalía “se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, el Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala”.
Por otro lado, el Gobierno colombiano, a través de su cancillería, rechazó enérgicamente la orden judicial, también calificándola como “carente de sustento jurídico” y un “atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”.
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