Un nuevo capítulo del escándalo de presunta corrupción y asesinato que salpica al gobierno argentino tuvo su inicio ayer, cuando el juez Daniel Rafecas desestimó, para sorpresa y repudio de parte de la sociedad, la imputación a la presidenta Cristina Fernández por su supuesta participación en un encubrimiento a los terroristas que atentaron contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia), en 1994.
La inclusión de la mandataria en el caso, iniciada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de ser asesinado, y continuada por su colega Gerardo Pollicita el pasado 13 de febrero, fue desestimada por Rafecas por “carecer de elementos de prueba”, tal como consta en su decisión.
“Si la grave acusación del Dr. Nisman fuera cierta, habría que admitir que una figura política, que actualmente reviste la Presidencia, que a lo largo de 20 años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda de proveer verdad y justicia a las víctimas del atentado, conciba dar un giro en sus convicciones de 180 grados, e instruya a sus subordinados a traicionar esos valores, a su país, y especialmente a las víctimas que siguen esperando verdad y justicia”, agregó.
El fiscal Pollicita tiene la potestad de apelar dicha decisión. Es lo que esperan colectivos opositores y especialmente allegados a las víctimas..
